n el mundo al revés que vivimos hemos llegado a tales límites que hasta la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reclama un incremento inmediato a los salarios mínimos de 18.99 por ciento, para pasar de 80.04 a 95 pesos diarios. Considerando que esta propuesta se presentó desde principios de año, el monto sugerido debería ser independiente de la pérdida del poder adquisitivo con motivo de la inflación durante el año, que se calcula en 6.3 por ciento, por lo que el salario mínimo a partir del primero de enero de 2018 debería ser de 100.24 pesos.
Es evidente que aún los 100.24 pesos sería una cantidad totalmente insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de una familia como lo establece nuestra Carta Magna, por lo que diversos analistas han señalado que el salario mínimo aparte de la inflación generada, debería fijarse de manera paulatina, al menos en 300 pesos diarios. Al actual gobierno, hasta los 95 pesos propuestos por la Coparmex le parecen demasiado e intenta, se llegue tan sólo a 90 pesos diarios. ¿Usted cree que con dos mil 700 pesos al mes puede hoy una familia cubrir sus necesidades básicas?
Si no se tratara de Gustavo de Hoyos W., dirigente nacional de la Coparmex, sus declaraciones se estarían imputando a algún militante de izquierda. Señaló: El reto de México no es sólo lograr un millón 200 mil puestos de trabajo cada año, sino que los mismos sean empleos de calidad
(Alejandro Alegría, La Jornada, 23/10/17). Hay que darle la razón al líder gremial patronal, ya que buena parte de los empleos que ostenta el gobierno como un gran triunfo, son temporales, de salarios muy bajos y se trata además de una migración de trabajadores del empleo informal al formal, proceso que siendo positivo, no se puede considerar como si fueran nuevas vacantes o nuevos empleos.
Un tema que se ha soslayado de manera permanente, se refiere a los salarios mínimos profesionales, que han quedado congelados a pesar de ser también mínimos por ley. Conviene tener presente la promesa oficial de ampliar el número de profesiones en este rubro, en aquellas actividades derivadas de los nuevos procesos productivos y en especial, el compromiso contraído con los jornaleros agrícolas a raíz del conflicto en San Quintín.
En la controversia sobre los salarios mínimos el gobierno suele aducir en su defensa que son muy pocas las personas que ganan este minisalario y que tan sólo se paga en actividades que están vinculadas al pago de propinas; sin ser pequeña la proporción de este sector, en el orden del 12 al 13 por ciento, habría que tomar en cuenta que la mayoría de la población se ubica en un monto menor a los tres salarios mínimos, lo que exhibe un escenario de pobreza generalizada.
Al mismo tiempo, pero en diferente lugar, en el marco de la Cumbre de Negocios 2017, otro destacado empresario, Carlos Slim Helú, se pronunciaba en un sentido similar al dirigente de la Coparmex proponiendo un esquema de protección universal mediante un salario fijo a las amas de casa. Una especie de seguro de desempleo que sustituya a los programas sociales, que según afirma, son fuente de manipulación política y corrupción. Hace tiempo que Slim ha planteado la necesidad de canalizar recursos públicos para crear un piso mínimo de protección con carácter universal, con el fin de reducir la desigualdad y la pobreza, y por ende, la criminalidad y la destrucción del medio ambiente, en fin, para lograr una mínima cohesión social. En esta línea se cambiaría para bien el rumbo del país, como también lo acredita Rolando Cordera en su reciente libro La perenne desigualdad. Transitar hacia un universalismo básico permitiría lograr un acuerdo nacional para superar la postración actual de la población.
La mejora salarial coincide con una exigencia que es compartida por los expertos en materia económica y por las organizaciones internacionales más calificadas como la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que han recomendado al gobierno de México modificar su política de restricción salarial. Estos salarios de hambre no son producto de un libre comportamiento del mercado sino que se vienen fijando por decreto, pues responden a una estrategia gubernamental que considera esencial contar con mano de obra barata para atraer inversión y abaratar las exportaciones. Hoy, es del dominio público que nuestros salarios son de los más bajos del mundo, menores incluso que los de China y en América Latina, solo comparables a los de Haití. Cualquiera se preguntaría: Si el gobierno congeló artificialmente los salarios, a pesar de que la productividad se ha incrementado en distintos sectores económicos, ¿porqué no puede ahora impulsar su recuperación?
En estos días, participando en el foro México Cumbre de Negocios, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, hoy precandidato del PRI a la Presidencia de la República, acusaba a aquellos que pretenden incrementar los salarios y mejorar la situación de los trabajadores, de actuar como norcoreanos o venezolanos. ¿Su acusación será extensiva a los planteamientos de De Hoyos y Slim?
También, en el espacio de renegociación del TLCAN, crecen las presiones desde Estados Unidos y Canadá para eliminar en México la política oficial de contener por decreto los salarios de los trabajadores, por considerar que son fuente de competencia desleal y una estrategia de los empresarios de los tres países que daña a la población asalariada.
Este cúmulo de coincidencias nos demuestran que los salarios de hambre impuestos en nuestro país son un obstáculo para su sano desarrollo y un problema político creciente para el gobierno que los impone.
