uando una gigantesca corporación privada (una petrolera, digamos) contrata los servicios de alguna famosa institución educativa privada para que desarrolle y aplique una tecnología capaz de analizar con detalle el subsuelo de toda una región, podría entenderse que ninguna de ellas quiera abrir al público los resultados y la metodología utilizada. En el competitivo mercado de la explotación de hidrocarburos, conocimiento y tecnología representan un valor potencial de miles de millones de dólares. Pero algo cambia radicalmente si resulta que ese instrumental y metodología pueden utilizarse en el Valle de México para una radiografía increíblemente nítida del lugar donde millones vivimos y construimos edificios, casas, escuelas, parques y calles. Entonces esa tecnología y el conocimiento que genera adquieren un valor inmenso porque representan un factor de seguridad y vida. De tal manera que lo que hasta entonces era una cuestión privada y lucrativa, repentinamente pasa a la esfera de los principios del bienestar público. Y si la corporación (secundada, además, por la universidad) se niega a poner a disposición de la autoridad pública los conocimientos y técnicas para que anticipe riesgos y salve vidas sería considerado como altamente reprobable. Si las cosas funcionaran como deben funcionar, incluso un juez podría llegar a la conclusión de que en estos casos es inaceptable el principio de la propiedad intelectual privada y que esos conocimientos y tecnología obligatoriamente deberían aplicarse para prevenir costosos desastres en zonas de alto riesgo sísmico. Y conminaría entonces a universidad y corporación a abrir toda la información relevante, a pesar de la pérdida económica que significaría, pues la corporación perdería la ventaja competitiva que le da ser la única que conoce y utiliza esa tecnología.

Si el tema del bien público puede resultar tan poderoso, tan válido y eficaz en un caso hipotético como el anterior, con mayor razón cuando se trata de una propuesta de investigación real en una institución pública mexicana y, además, autónoma. La llevarían a cabo sus profesores investigadores con sueldos pagados con dinero público y, además, con financiamiento de una agencia pública, pero cuyo destinatario es una entidad privada. Se trata de una investigación de avanzada, que explora nuevas tecnologías para la producción de alimentos. Algo de claro interés público si tenemos en cuenta que somos un país marcado por la dependencia alimentaria y por una falta de control de alimentos chatarra que genera desnutrición infantil y, también paradójicamente, obesidad. Por todo eso, la universidad y sus investigadores decidieron plantear que, por lo que a ellos toca darán libre acceso de los conocimientos, documentos y resultados de esta investigación a las comunidades campesinas/indígenas, ejidos, cooperativas y universidades públicas que no comercialicen sus investigaciones. Es decir, no para otras empresas que compiten por el mercado, sino para poblaciones que de manera preferente deben ser objeto de la atención y acción nacional. Puede ser que resulte que la tecnología no es la adecuada a sus necesidades, pero el libre acceso a lo que hay disponible es un primer paso.

Esta declaración no es una ocurrencia individual, sino una forma de materializar una definición de la institución como universidad pública y autónoma. En su ley se habla de “formar profesionistas comprometidos con el país…, profesionales con compromiso social”, pero, si se introduce el criterio del beneficio privado, por encima y al margen del beneficio colectivo, efectivamente lo que se hace es corromper el sentido público de este servicio educativo. (Ley UACM, Exposición Motivos, Núm. 3, párrafo 10). Y hablando sobre la investigación señala que la falta de reflexión sobre este asunto ha conducido a graves confusiones, y hoy se cree que cualquier conocimiento puede ser materia de trabajo de los universitarios, a crear esta situación ha contribuido también una política pragmática para completar las finanzas de algunas instituciones, consistente en la realización de diversos negocios en función de las ganancias que dejan. ( Ibidem, párrafo 6). Pero, además, en las investigaciones se debe integrar necesariamente a los estudiantes ya que ésta es parte indispensable de su formación. La universidad, entonces, no puede confundirse con un centro de investigación, por tanto, la constituyen no solamente los cuerpos de académicos que cultivan una disciplina, sino también estudiantes que legítimamente buscan una formación académica y profesional y contribuyen al desarrollo del conocimiento ( Ibidem. Núm. 7, párrafo 1).

Es decir, la misión de la universidad no consiste en competir como un centro de investigación más, un espacio ajeno a las necesidades de la población y lejano de la formación de los estudiantes de la institución que lo sostiene, sino en convertir la investigación en una actividad plenamente institucional que, dirigida a la problemática nacional, forma profesionistas socialmente comprometidos. En un momento en que los grandes capitales de la industria alimentaria, petrolera, inmobiliaria, aceleran la incorporación de la educación superior al circuito de generación del conocimiento que necesitan, es cuando más urgente resulta recuperar la vocación de la universidad pública y privada de servicio público y, sobre todo, de atención a las comunidades que luchan por producir y prosperar en sus propios términos solidarios.

Bienvenida Cataluña , independiente del Rey y de España.

*Rector de la UACM