Sólo uno de cada cinco casos en que las autoridades mexicanas presumen la existencia de lavado de dinero producto de actividades criminales termina en el inicio de un proceso judicial, hecho que revela la falta de capacidad judicial, corrupción y engorrosas leyes de decomiso de activos obtenidos de manera ilegal, señala un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Este año, las autoridades mexicanas han registrado un récord para la última década de operaciones en el sistema financiero clasificadas como preocupantes, por corresponder presumiblemente a casos de lavado de dinero, de acuerdo con datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre enero y junio de este año, según la información más reciente disponible, la UIF recibió 283 reportes de casos de operaciones financieras con carácter preocupante en términos de las normas de prevención de lavado de dinero.

Se trata de una cifra que, aun con ser sólo para seis meses, supera cualquier de las registradas desde 2004 para ejercicios completos, según datos de la propia Unidad de Inteligencia Financiera.

La categoría de preocupante comprende todas las operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de instituciones financieras y de todas las personas sujetas a la regulación contra lavado de dinero, que pudieran contravenir las normas contra esta práctica.

El Informe de la estrategia internacional de control de narcóticos 2017, del Departamento de Estado de Estados Unidos, destaca que el Código Penal Federal de México, que entró en vigencia en junio de 2016, incluye procedimientos para responsabilizar a personas jurídicas de los delitos de lavado de dinero, una deficiencia que había sido mencionada anteriormente.

La UIF de México ha bloqueado con éxito las cuentas bancarias de numerosos narcotraficantes y blanqueadores de dinero. Sin embargo, las autoridades judiciales y policiales mexicanas tienen difícil investigar y procesar a responsables de lavado de dinero y otros delitos financieros, consideró.

Los delincuentes en México invierten en activos financieros y reales, como propiedades, negocios y artículos de lujo. Aunque las autoridades reconocen el abuso en ciertos sectores por parte de los lavadores de dinero, la respuesta de las entidades encargadas de hacer cumplir la ley está limitada por la falta de capacidad judicial, la corrupción y las engorrosas leyes actuales de decomiso de activos, planteó la dependencia estadunidense.

El enjuiciamiento de casos de lavado de dinero ha sido problemático, con menos de 20 por ciento de todas las investigaciones de lavado de dinero de 2016 que llevan a que se presenten cargos. La relativa falta de condenas en casos de lavado de dinero es consistente con el problema general de impunidad de México, añadió.

México pasó de ser un sistema judicial inquisitivo a otro acusatorio a mediados de 2016, lo que debería ayudar a mejorar las tasas de enjuiciamiento a mediano y largo plazo, indicó. La corrupción en el sistema judicial, sin embargo, aún impide la capacidad del gobierno mexicano para condenar a organizaciones e individuos involucrados en el lavado de dinero, consideró.