En términos de procuración y acceso a la justicia el país tiene una enorme deuda con las mujeres mexicanas, porque todo lo que se ha hecho es para que ellas se porten bien y no necesiten acudir a la equidad, señaló Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Para México es urgente provocar un cambio cultural en las dependencias y entidades que permita que la igualdad de género sea una realidad cotidiana.

Al presentar el informe Unidades de género del Poder Judicial dijo que en los tres poderes es necesario institucionalizar un área que se encargue tanto de revisar el qué hacer, la política, las acciones, las maneras de llevar a cabo sus actividades y los programas con perspectiva de género, protegiendo todos y cada uno de los derechos de las mujeres y niñas.

Las unidades de género en el Poder Judicial, expresó, se deben fortalecer y ser sólidas, bien constituidas y de buen nivel para poder interactuar, y que quien esté al frente y sus equipos sean personas versadas en lo que hace la dependencia en políticas públicas, pero sobre todo en igualdad, perspectiva de género y derechos para que tengan enfoque de inclusión e igualdad.

No deben surgir de buena voluntad, sino por necesidades reales de cambiar al interior de las instituciones y de darse cuenta de que todo lo que se hace necesita una profunda redición desde la perspectiva de género o principio de igualdad, para garantizar los derechos de mujeres y niñas, que es la obligación de Estado.

De acuerdo con las conclusiones del documento, que elaboró la organización Equis: justicia para las mujeres, la creación de las unidades de género fue conceptualizada como una política pública para poner en marcha la perspectiva en la materia dentro del Poder Judicial, tanto a nivel administrativo como en su labor jurisdiccional; sin embargo, a más de una década se observan deficiencias generalizadas en estas instancias.

El informe cuestiona no sólo si cumplen los objetivos para las que fueron creadas, sino también si su diseño y puesta en marcha son congruentes con las necesidades que justificaron su existencia y, sobre todo, si hay un compromiso real en los poderes judiciales –estatales y federal– para incorporar la perspectiva de género en la vida cotidiana.

Frente al potencial que pudieran tener las unidades, se contraponen factores estructurales, como la construcción y operación del Poder Judicial en México, que en muchos casos sustenta su propio sistema de asignación, ascenso y remoción en nepotismo e intercambio de puestos por compromisos políticos.

Al contexto se suma también la corrección política de incluir la perspectiva de género en el discurso, sin que ello se traduzca en acciones verificables y congruentes.

Encontramos un preocupante desconocimiento del marco normativo sobre derechos humanos, resistencias a reconocer las desigualdades entre hombres y mujeres, falta de sensibilidad de impartidores de justicia frente a la discriminación y la violencia contra las mujeres.