Sin cuidar el debido proceso, y por instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, tres de los cinco integrantes de la Comisión Nacional Jurisdiccional del instituto político suspendieron por 30 días hábiles los derechos partidarios de siete militantes que han apoyado a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, entre ellos, Pablo Gómez Álvarez, Carlos Sotelo y el senador Raúl Morón.

En abierta violación a la norma interna, la dirigencia perredista obvió el derecho de audiencia de los imputados, no se convocó a sesión de la comisión jurisdiccional para analizar si es correcto el proyecto sancionador –que busca expulsar a los siete militantes– y existen dudas sobre si se interpuso una queja para actuar en consecuencia.

Juan Manuel Ávila, integrante de la comisión, acusó en entrevista que el CEN y sus compañeros del órgano jurisdiccional aplicaron “un albazo” en este asunto. Se violó el debido proceso. Mi pronóstico es que si los compañeros van al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), les dará la razón.

Narró que el sábado, en el contexto del consejo nacional extraordinario del partido, conoció de forma indirecta el resolutivo que la dirigencia aprobó el 18 de octubre para sancionar a 15 perredistas que firmaron el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, convocado por López Obrador, y que en algunos casos declararon que lo apoyarán si es candidato presidencial.

Denunció que aunque a la mayoría de los integrantes del órgano jurisdiccional se les había informado que se aplicaría la medida cautelar, hasta el lunes siguiente recibió los siete proyectos de acuerdo plenario –uno por cada sancionado–, firmados por tres representantes legales del CEN y plenamente avalados por sus compañeros de la comisión: Francisco Ramírez Díaz, de Alternativa Democrática Nacional; Ana Paula Ramírez, de Izquierda Democrática Nacional, y María de la Luz Hernández Quezada, de Nueva Izquierda.

Los sancionados son, además de Pablo Gómez, ex presidente del partido; el senador Morón y Carlos Sotelo –quien litiga ante el TEPJF el cambio de dirigencia perredista–, los consejeros nacionales Dorisol González Cuenca, Indira Vizcaíno Silva, Héctor Yescas Torres y Víctor Hugo Romo. Todos tienen cinco días hábiles, a partir de que fueron notificados para comparecer ante el órgano jurisdiccional y aportar pruebas en su favor.