Los archivos de México y su importancia se encuentran en una situación crítica, tanto por el mínimo e insuficiente presupuesto asignado para esta materia, como por un rezago legislativo y de un plan de reacción inmediata para salvar o recuperar los documentos resguardados en sitios destruidos por los sismos de septiembre.

En principio, la directora del Archivo General de la Nación (AGN), María de las Mercedes de Vega, emitió una señal de auxilio a los diputados para que asignen mayor presupuesto a esta instancia, responsable de resguardar el patrimonio documental del país.

Para el año próximo sólo se proyecta una asignación mínima de 69 millones de pesos, cuando la necesidad es de al menos 250 millones de pesos más, específicamente para terminar la construcción del inmueble sede del AGN. Apelo al buen juicio de los diputados, dijo.

Al preguntarle acerca del presupuesto proyectado y los riesgos para que en este sexenio no se concluya la obra expresó: “Duele decirlo…”.

La restricción presupuestal para el AGN no es nueva; durante 2017 fue ya el segundo año consecutivo con merma.

Durante los primeros años del actual sexenio le asignaron montos de 74.4, 84.6 y 81.3 millones de pesos, respectivamente. En 2016, 321.2 millones incluidos 250 para la construcción en referencia, pero el desplome fue el año en curso, con 67.5 millones, cantidad prácticamente igual para el siguiente, pese a las necesidades de todo tipo en este organismo rector en el ámbito de la archivística nacional.

Por otra parte, advirtió la necesidad de rescatar documentos incluso de los escombros en los sitios históricos e instancias oficiales derrumbadas por los sismos de septiembre. En Juchitán, Oaxaca, por ejemplo, hay documentos importantes que se perdieron y otros, con posible daño, que no han sido inventariados.

Adicionalmente a la crisis presupuestal en este sector, y de varios años en la preparación de un marco legal, sigue congelada en el Senado la aprobación de la Ley General de Archivos, pese a las advertencias de académicos, investigadores y de los propios funcionarios responsables .

Es necesario que el Senado apruebe el dictamen de la iniciativa e inicie el proceso de consultas y en este periodo de sesiones se promulgue, dijo De Vega, durante una conferencia de prensa.

A este llamado se sumó el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña. Exhortó a los legisladores a agilizar la aprobación de la citada ley que permitirá consolidar los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción.

La Ley General de Archivos es el pendiente de ese círculo virtuoso que se establece entre el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, dijo, respecto a la necesidad de tener certeza de los documentos que generan a diario 9 mil instituciones públicas.

Ambos funcionarios se mostraron interesados en sensibilizar a las autoridades sobre un tema al que hace falta poner atención y recursos, porque de no proteger el patrimonio documental, los saqueos son la consecuencia.

La pérdida de información es dañino, dijo De Vega, para construir nuestra memoria y contar con datos duros para un mejor ejercicio de gobierno.