A pesar de tener el tiempo encima, ya que el plazo legal que tiene el Senado para objetar la remoción del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, vence en ocho días, no hay acuerdo sobre el procedimiento legislativo a seguir.

El tema no formó parte de la agenda del día de la sesión de ayer, en la que hubo una votación controvertida para reformar la Ley de Telecomunicaciones, en la que el PRI logró el apoyo de 11 legisladores panistas, entre ellos, los llamados ‘‘rebeldes’’ que encabeza Ernesto Cordero.

Antes de esa votación, que podría repetirse en el caso Nieto Castillo –que el PRI y sus aliados pretenden desahogar el próximo lunes en que habrá sesión–, los coordinadores de PAN, PT-Morena y PRD, Fernando Herrera, Manuel Bartlett y Luis Sánchez, respectivamente, no acudieron a la reunión a la que convocó la presidenta de la Junta de Coordinación Política de esa cámara, la priísta Ana Lilia Herrera.

Explicaron que no tenía caso ir porque el PRI se mantiene en la misma postura irreductible de desahogar todo en una sola sesión, con votación secreta y con la previa comparecencia ante el pleno del encargado despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, y el ex titular de la Fepade.

Por separado, la presidenta de la Junta de Coordinación Política lamentó que le hubieran hecho el vacío. Convocarlos, dijo, fue ‘‘una firme demostración de la intención de seguir tendiendo puentes’’, a fin de cumplir con responsabilidad el plazo constitucional para objetar o no la remoción de Nieto Castillo.

La senadora Ana Lilia Herrera insistió en que la junta es el máximo órgano para construir acuerdos, sobre todo en este caso en que no existe un procedimiento establecido y ‘‘la cerrazón no construye’’.

En tanto, Bartlett insistió en que no negociarán algo distinto a un proceso transparente y no el ‘‘ilegal e inmoral que propone el PRI’’. Reconocieron que el tiempo corre en su contra, pues los 10 días hábiles que tiene el Senado, según la Constitución, para objetar la decisión de remover a Nieto Castillo, vencen el próximo 3 de noviembre, y de no alcanzar acuerdos se concretará el cese del titular de Fepade. Advirtieron que si ello ocurre, la responsabilidad será del PRI, que se verá ante el escenario de un gobierno federal sin procurador general y sin fiscal electoral.

Al respecto, el perredista Luis Sánchez señaló que el PRI mantiene una posición intransigente al insistir en que la votación sea secreta, con el pretexto de posibles ‘‘represalias’’ de Nieto contra los que se opongan a su permanencia en la Fepade. Consideró ‘‘grosero’’ tal planteamiento y advirtió que si se hubiera pretendido llevar ayer el tema a tribuna, la habrían tomado de nuevo.

El coordinador panista, Fernando Herrera, rechazó las versiones que un día antes propaló el coordinador del PVEM, Carlos Puente, en el sentido de que enfrenta una rebelión de su bancada. Dijo que ‘‘está muy verde y suelta expresiones diversas en un afán de provocación. La ruta está perfectamente trazada y nos vemos en el pleno. Ahí se votará y se verá claramente cómo se expresan rebeldías, simpatías y abstenciones’’.

Sin embargo, pocas horas más tarde se dio una votación que podría significar el preludio de lo que será la del caso Fepade, con 11 panistas votando junto con el PRI y el PVEM.