Madrid.

Después de una mañana de vaivenes y de tensión política de alto voltaje, el presidente de Cataluña, el nacionalista Carles Puigdemont, compareció públicamente este jueves para informar que no convocará a elecciones anticipadas por falta de garantías, y que delegará la decisión del futuro inmediato de la región en el Parlamento catalán, donde este viernes se votará la puesta en marcha de la hoja de ruta para la declaración unilateral de independencia.

Mientras, en el Senado de España se votará este viernes la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que implica destituir a todo el gobierno catalán, tomar el control de los medios públicos de información, de la policía autonómica y crear una comisión para verificar las actividades en el Parlamento. Un choque de trenes de consecuencias imprevisibles.

En la que se preveía como una jornada histórica en Barcelona, el presidente Puigdemont puso sobre la mesa dos opciones: convocar a elecciones anticipadas y así evitar la intervención del Estado español, o lo que finalmente decidió, seguir con la hoja de ruta para que entre en vigor la ley de transitoriedad o de desconexión con la que se aspira a construir la nueva república catalana.

Durante la mañana reinó la confusión. El gobierno de Puigdemont filtró a los medios y comunicó a los diputados que, finalmente, había decidido convocar a elecciones.

Se citó a los medios para hacer la declaración institucional, prevista para la una y media de la tarde, pero 15 minutos después de la hora fijada se informó que la comparecencia se retrasaría una hora. Cumplido el plazo se volvió a informar que habían decidido suspenderla.

Mientras esto ocurría, afuera del Palacio de la Generalitat, en las calles de Barcelona y en la céntrica plaza de Sant Jaume se concentraron miles de independentistas para increpar a Puigdemont y a su gobierno, acusándolos de traidores y de hacer promesas vacías.

Dos diputados independentistas anunciaron su renuncia al escaño y expresaron públicamente su decepción; Gabriel Rufián, diputado nacionalista de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), acusó a Puigdemont de traicionar el proceso como hizo Judas con Cristo: por 155 monedas de plata. Incluso se difundieron las direcciones de los partidos soberanistas que a juicio de Rufián habían traicionado el proceso, para concentrarse en señal de repulsa, como ocurrió durante unas horas en dos de las sedes en Barcelona.

No comparto la decisión de ir a elecciones. Renuncio a mi acta de diputado y me doy de baja del PdeCAT (Partido Demócrata Europeo Catalán), tuiteó Jordi Cuminal, del partido de Puigdemont, ante los rumores que apuntaban a la convocatoria de comicios regionales.

Puigdemont compareció hasta las cinco de la tarde, pero en lugar de convocar a elecciones como habían informado horas antes desde su despacho, anunció que no lo haría.

En una declaración sin preguntas afirmó: he estado dispuesto a convocar a elecciones siempre y cuando se dieran garantías que permitieran su celebración en absoluta normalidad. No hay ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones al Parlamento.

Este cambio súbito de criterio, después de que el presidente del gobierno vasco, Íñigo Úrkullu, medió para buscar una salida dialogada al conflicto, ocurrió porque ni el gobierno español ni el grupo mayoritario en el Senado, el Partido Popular (PP), se comprometieron a cancelar la aplicación del artículo 155.

La decisión de Puigdemont provocó también la dimisión de su consejero de Empresa, Santi Vila, quien expresó su inconformidad con la secesión unilateral y advirtió de las consecuencias del conflicto en el sector empresarial, sobre todo después del retiro de la región de mil 500 empresas.

Puigdemont optó por delegar en el Parlamento catalán el futuro inmediato de la región en una sesión que registró uno de los debates más intensos de los años recientes.

El pleno fue monotemático y a pesar de que no intervino ningún miembro del gobierno, el diputado del PdeCAT, Luis Corominas, presentó la propuesta que se votará en la sesión de este viernes y que consistirá precisamente en la aplicación de la hoja de ruta para asumir el mandato de los votantes del pasado primero de octubre, que supone la declaración unilateral de independencia.

Tras el anuncio de Puigdemont, la entidad independentista Ómnium Cultural declaró: celebramos que el presidente Carles Puigdemont haya dado un paso adelante para responder al mandato del primero de octubre. Jordi Turull, vocero del gobierno catalán, explicó: esta tarde tocan discursos, mañana (viernes) resoluciones.

De ocurrir la declaración de independencia, chocará frontalmente con la votación que también se llevará a cabo este viernes en el Senado español, en la cual se aprobará la aplicación del artículo 155 con los votos en favor del PP, del Partido Socialista Obrero Español y de Ciudadanos, que suman 214 de los 275 escaños.

El plan diseñado por el gobierno y aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado sábado, prevé la destitución del presidente catalán y de todos sus consejeros y vicepresidente, además de los cargos designados, entre ellos los altos mandos de la policía autonómica y los directivos de la Radio y Televisión pública de Cataluña.

Además, se dispuso que una comisión asuma el control del Parlamento catalán para evitar que desarrolle y presente iniciativas relacionadas con la independencia. Se convocará a elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses tras una aplicación gradual de las medidas, según la propuesta final debatida ayer en el Senado.

La responsable de presentar la propuesta fue la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien lamentó que sólo haya ruido desde Barcelona, en lugar de soluciones concretas para que vuelva la legalidad a la región. En el pleno de este viernes se anunció que comparecerá el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.

En un nuevo hecho que añadió tensión, efectivos de la Policía Nacional interceptaron a un grupo de agentes de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica, que llevaba abundante información y documentación relacionada con el referendo del pasado primero de octubre, y que al parecer pretendía incinerar en una zona industrial de la periferia de Barcelona. Los uniformados españoles incautaron los documentos y levantaron un acta sobre las supuestas intenciones de los agentes catalanes.

Además, desde el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se informó que se desestimaron los recursos presentados por los partidos independentistas para evitar que se aplicara el artículo 155 de la Constitución. Con esta medida, el gobierno español y el Senado ya tienen vía libre para su intervención en Cataluña, una decisión inédita en la democracia española.

La diputada Anna Gabriel, del partido independentista y anticapitalista Candidatura de Unidad Popular señaló que ha entrado en escena la peor cara del Estado español con la aplicación del artículo 155.