El 17 de octubre de 2016 el juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarias fue asesinado. Siete meses antes anunció que había encontrado serias irregularidades en el juzgado quinto con sede en Toluca, estado de México, al que acababa de ser transferido. Descubrió que algunos funcionarios del mismo sostenían reuniones con narcotraficantes presos en el Altiplano, penal de máxima seguridad. Ayer, tres de ellos fueron inhabilitados por 20 años.

Las autoridades no han informado si existe vinculación de estos ex funcionarios del Poder Judicial con el asesinato.

Los inhabilitados son el juez Jorge Arturo Porras Gutiérrez, quien fue titular del juzgado quinto; su esposa, Mayumi Guadalupe Sánchez, y Ana Lilia Coyote Colín, quienes trabajaban como actuarias, revelaron fuentes.

Ayer, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió un escueto comunicado de prensa en el cual informó que la comisión disciplinaria encontró elementos suficientes para acreditar irregularidades en el desempeño de tres servidores públicos adscritos al juzgado quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales, con sede en Toluca, estado de México, del cual era titular el fallecido juzgador Vicente Antonio Bermúdez Zacarías.

El organismo señaló que las investigaciones administrativas derivaron en su destitución e inhabilitación por un periodo de 20 años para ejercer cualquier función dentro de la administración pública, sin revelar los nombres de los inhabilitados ni el expediente para explicar cuáles fueron las irregularidades cometidas y que se comprobaron para impedir que puedan obtener un cargo público.

Sin embargo, la historia de este caso se inició a principios de 2016, cuando el juez Arturo Porras Gutiérrez fue cambiado de juzgado y en su lugar fue designado Vicente Antonio Bermúdez Zacarias.

Este último detectó que algunos funcionarios del juzgado quinto de distrito en materia de amparo cometían irregularidades, y en febrero de 2016 presentó denuncias ante la Comisión Disciplinaria del Consejo de la Judicatura.

De acuerdo con los funcionarios consultados, el juez Zacarías Bermúdez detectó que los funcionarios inhabilitados, junto con dos empleados de otro juzgado, participaban en audiencias o fingían diligencias de casos que no eran de su competencia y se reunían con internos del Centro Federal de Readaptación Social número uno, el expediente no es del conocimiento público y se desconoce si llegaron a servir de enlaces de los presos de alta peligrosidad o si los favorecieron en sus juicios.

Siete meses después de haber presentado las denuncias, Bermúdez Zacarías fue asesinado por un sujeto que le disparó un balazo en la nuca cuando se ejercitaba en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Llano Grande, municipio de Metepec.

Entre los asuntos importantes que le tocaron resolver a Bermúdez Zacarías destacan el arraigo de Abigael González Valencia, El Cuini, uno de los principales líderes del cártel Jalisco nueva generación.

Asimismo, el juzgador rechazó la suspensión solicitada por Joaquín El Chapo Guzmán Loera contra el proceso de extradición a Estados Unidos.

El homicidio sigue en investigación por la Procuraduría General de la República, pero nada se sabe al respecto, aunque desde el mismo día del asesinato se obtuvieron grabaciones del momento en que atentaron contra el juez.

Los inhabilitados podrán apelar la sanción, por lo que el proceso administrativo no ha concluido.