El actual modelo de justicia del país carece de una visión sistémica e integral que prevenga, investigue y sancione los delitos. Pero además, las procuradurías presentan serias deficiencias estructurales en medio de información insuficiente que hace prácticamente imposible el acceso a la justicia.

Lo anterior es parte del diagnóstico del Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

El documento, entregado a representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial –no asistieron legisladores–, contiene una serie de recomendaciones para diseñar un nuevo modelo nacional de procuración de justicia, el cual requiere una profunda reforma que llevará tiempo llevar a cabo.

Presentado en el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, el documento –resultado de 11 foros y 16 mesas temáticas realizadas en todo el país– propone una reforma integral a escala constitucional y legal, así como acciones de implementación inmediata.

El director general del Cide, Sergio López Ayllón, destacó la necesidad de construir fiscalías, tanto a escala federal como en los estados, que sean eficaces y eficientes, que respeten derechos y con imparcialidad respecto de cualquier poder.

Además, dijo, el informe recomienda una nueva arquitectura institucional para las fiscalías basada en células de investigación que sean flexibles y profesionales, y que en su integridad, el nuevo modelo sea congruente con los principios del sistema penal acusatorio.

Entre las recomendaciones se proponen reformas a los artículos 21, 73, 102 y 116 de la Constitución, con objeto de revisar el diseño de las fiscalías, incluido el proceso de designación de sus titulares, una mejor definición de la relación entre policía y agentes del Ministerio Público, así como la creación de un código penal único.

De igual forma, se recomienda ampliar los alcances del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que debe incorporar expresamente a la justicia penal y al que se le debe encargar la responsabilidad de establecer y supervisar la política del Estado mexicano en materia de criminalidad.

‘‘No existe bala de plata ni solución de corto plazo. La restructuración de la procuración de justicia implica una política de largo aliento, sostenida y sustentable, con un plan definido, con responsables claros y con mecanismos de evaluación transparentes’’, dijo.