n el fondo y en la forma ha resultado equívoco y muy costoso, en términos políticos, el berrinche y posterior manotazo que de Los Pinos hubo de pasar a la Procuraduría General de la República (con un titular recién llegado, precario) para dar por despedido a un fiscal electoral incómodo. Según lo declarado ayer por Santiago Nieto Castillo a Televisa en el tramo matutino conducido por Carlos Loret de Mola, no hay sustento para haberlo botado como lo hicieron (plural que considera que el súbito procurador sustituto, Alberto Elías Beltrán, no fue el ejecutor solitario).

Según declaraciones grabadas de una entrevista que dio al diario Reforma, Santiago Nieto nunca pronunció específicamente que había sido presionado por Emilio Lozoya Austin, el ex director de Petróleos Mexicanos investigado por corrupción en general y, en particular, por haber sido triangulador de fondos corruptos (de Odebrecht y sus filiales) para la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Hablando de presiones cabeceó esa nota el diario Reforma (a cuya versión periodística Elías Beltrán obsequió credibilidad absoluta, casi notariada), en un rango interpretativo que ahora se aprecia excesivo o, en todo caso, fundado en eventuales palabras en privado que sí hubiera dicho el ahora ex fiscal, pero no declaradas ante la grabadora en turno. Tampoco hay evidencia de que Nieto divulgara datos o detalles de expedientes que debe manejar con sigilo.

En términos estrictamente jurídicos, el procurador interino, Elías Beltrán, dio curso a una decisión muy delicada sin haber comprobado la veracidad de los dichos que le servirían de base. Jusílenlo y después viriguan, habría sido la orden del general que está en guerra contra quienes pretenden ligar su campaña presidencial con fondos corruptos. Y así fue: a Santiago Nieto (cuyo desempeño como fiscal electoral tampoco da para levantarle monumentos cívicos) lo acusó el procurador Elías Beltrán de afectar el debido proceso contra el amigo de su amigo, Emilio Lozoya. Pero, a la vez, se afectó el debido proceso en tal destitución.

La hoja de ruta de Los Pinos pretendía una solución relativamente fácil: luego del fiscalicidio administrativo, el tema se discutiría en el Senado, en sesión plenaria, con máxima condición pública de los alegatos y la presencia de los dos involucrados, el procurador destituyente y el fiscal destituido, y con decenas de turnos posibles para que los señores senadores preguntaran hasta cansarse.

Pero, oh, san Emilio de los controles corruptores siempre disponibles para los momentos especiales: para el lindo proceso tan público se pretendía un final feliz, con manejable votación secreta. ¿Para qué dejar testimonio del sentido de cada voto, si el PRI Verde Pino trataría de conseguir que algunos honorables legisladores de oposición hicieran el favor, a sabiendas de que favor con favor se paga, de votar en pro de confirmar el retiro del ex fiscal de la discordia? Moraleja tricolor intentada: que sí sepa una de tus manos, a la hora de votar sin dejar testimonio, lo que la otra recibió o negoció con la gran boa constrictor.

Con la confianza de que ya se habría consumado este miércoles el cese legislativo del ex fiscal (lo que no se produjo), para este jueves se programó una comparecencia, más que a modo, del amigo del amigo, o sea, Emilio Lozoya Austin ante la descabezada fiscalía especializada en atender presunciones de delitos electorales. Casi un picnic judicial para el ex director de Pemex: ya no estaría el fiscal electoral indeseado, sino un interino, y el amigo Lozoya podría luego salir a ofrecer otra de sus conferencias de prensa, sin pecados concebidos.

Pero el plan se entrampó con los senadores del bloque temporalmente amoroso del PAN, PRD y PT-Morena, que impidieron la aprobación del punto de acuerdo para el voto secreto, y ahora la estrategia pinolera ha entrado en fase crítica al saberse que el procurador interino actuó sin base jurídica, sólo a partir de una redacción periodística que no tiene sustento en lo grabado (según lo que ayer dijo Nieto, quien entregó copia de la grabación a Televisa). Así que, en rigor, el fallido procurador interino debería ser destituido y el destituido fiscal electoral, restituido (oh, cuánto enredo con los idos).

Eso sí, en medio del desastre hubo espacio para los próceres. Pocas voces tan autorizadas para defender el supremo interés de la nación como el senador con récord de longevidad en nóminas (y negocios) con cargo al erario, Emilio Gamboa Patrón. Ayer se lanzó contra sus colegas de cámara que han obstruido el trabajo legislativo por el tema de Santiago Nieto Castillo.

Ya otras veces esos mismos legisladores directivos han recurrido a la treta de parar el reloj legislativo para proveerse de tiempo extra, en tanto ajustan cifras, datos y votos suficientes para leyes de ingresos y presupuestos de egresos. Pero ahora lo que se buscaba era satanizar, con fines electorales, a los adversos a la destitución del ex fiscal de marras, adjudicándoles, con la concertada concurrencia de opinantes mediáticos varios, una conducta lesiva a los más sagrados intereses de la nación, al poner en riesgo el paquete económico de 2018 (Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos). Sin embargo, los senadores rejegos conjuraron la treta y procedieron a participar en las sesiones de comisiones legislativas que procesan dicho paquete.

Desde luego, el Dinosaurio Sexenal no se da por vencido: ahora intenta la estrategia de la pachorra. Ayer se suspendió la sesión del Senado por falta de quórum, y así podrían consumirse los 10 días de plazo que esa cámara tiene para oponerse a la destitución del tantas veces citado fiscal Nieto. La culpa de consolidar la decisión de Los Pinos sería adjudicada a los senadores, que no se ponen de acuerdo. Por lo pronto, el senador Gamboa ha de alistar sus palos de golf para ir en helicóptero militar al siguiente juego del poder. ¡Hasta mañana!

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