Los adolescentes todavía enfrentan obstáculos para prevenir embarazos no deseados. En los servicios de salud, donde la oferta de anticonceptivos es pobre o de plano inexistente, la espera para recibir asesoría sobre salud sexual y reproductiva es hasta de dos horas, y lo que les dan, si acaso, son folletos.

Esa es, en parte, la razón de que en México los embarazos entre las jóvenes de nueve a 19 años de edad sigan en aumento.

En 2016 hubo 31 mil nacimientos más que en 2014, para un total de 395 mil 600, afirmó Ximena Andión, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), quien recordó que el país está en el primer sitio de embarazo adolescente entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con una tasa de 76 nacimientos por mil habitantes.

Además, resaltó las desigualdades que persisten en el territorio nacional, pues mientras en municipios como Santa María del Rosario, Oaxaca, la maternidad de chicas menores de 19 años representa 26 por ciento del total, en la delegación Benito Juárez de Ciudad de México el indicador es de 2.26.

Eso da cuenta de los retos que todavía no se superan ni con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (Enapea), y menos aún con los recortes presupuestales que se han aplicado. En 2015 se asignaron 23.5 millones de pesos, pero al año siguiente fue la mitad, 12.6 millones y la misma cifra en 2017, indicó. Además, las carencias en esta materia quedaron expuestas con la investigación que durante más de un año realizó el ILSB en 10 estados de la República.

Ayer, la agrupación presentó los resultados del trabajo efectuado con el apoyo de jóvenes que acudieron a centros de salud de las zonas rurales y urbanas. Entre otros, se encontraron con que la disponibilidad de métodos anticonceptivos, en el mejor de los casos, era de 3.16 piezas al año por adolescente en Aguascalientes, mientras en Oaxaca fue de 0.56 y en Veracruz y Puebla definitivamente no hubo, o la información sobre el abasto no estaba disponible.

También detectaron que en Chiapas, donde se hablan 16 lenguas indígenas, los centros de salud carecen de traductores, y que cuando algún miembro de esas comunidades solicita el servicio, debe llevar a otra persona que le ayude a comunicarse, o regresar otro día con ese apoyo.

Una situación parecida ocurre en Oaxaca, donde la mitad de la población proviene de localidades indígenas, y en las unidades médicas del primer nivel de atención se encuentran con trabajadores que los maltratan o no les hacen caso.