l tamaño del escándalo y el conflicto es proporcional a los densos intereses en juego: llevado el despido del fiscal para delitos electorales hasta el terreno de la discusión y la votación en el Senado, los genios de la estrategia política gubernamental (los que tienen al país donde está) decidieron mover sus piezas (PRI, Verde, Encuentro Social y la fracción calderonista) para intentar que la destitución o restitución del abogado Santiago Nieto Castillo en la mencionada fiscalía se realice en el pleno senatorial mediante votos… en secreto.

La maniobra del sufragio emitido en privado y sin vinculación pública, política e histórica con el resultado, es una treta disponible en el catálogo operativo de los personajes que manejan los entretelones legislativos, la cual se puede intentar cuando un asunto es de real trascendencia. De esa manera, por lo pronto, tratan de salvarse de la crítica inmediata y del registro memorioso quienes se prestan a maniobras tramposas.

La pretensión del voto secreto en el tema del fiscal destituido está emparentada con lo que se vive en los estados, donde se compra el voto de los diputados de oposición para que aprueben cuentas públicas, exoneraciones, concesiones o permisos, según lo que en su momento interese al gobernador en turno. A escala federal son muy conocidos los métodos (entre otros) de los moches para asignar beneficios económicos a los legisladores y sus grupos cercanos, y los mandos de las cámaras suelen negociar con las bancadas no priístas el voto a conveniencia, cediendo a los dirigentes de esas franjas de oposición privilegios, comisiones mejor remuneradas, beneficios para amigos, correligionarios y familia o, abiertamente, beneficios económicos directos. Luego, esos opositores maiceados votan en favor o en contra de sus posiciones anteriores (conforme sea la instrucción superior), se equivocan, se ausentan por completo o salen a los servicios sanitarios a la hora del voto.

Por todo ello es fundamental que los senadores sufraguen de manera abierta, se conozca el sentido de su decisión y se lleve registro público del curso de la votación referida al ex fiscal para delitos electorales, el mencionado Nieto Castillo. Ironía muy significativa sería que en busca de dar cierta credibilidad a la figura de esa fiscalía electoral se recurra al método mapache del voto en lo oscurito.

Ayer mismo, luego de que el PRI y sus aliados pretendieron dar por impuesto el acuerdo de ese voto en secreto, miembros de las bancadas de PAN, PRD y PT-Morena tomaron la tribuna, obstruyeron la continuidad de la sesión y forzaron que se diera por terminada, dejando todo en suspenso hasta la reunión que está programada para hoy a las 12 horas, sin que al momento de cerrar esta columna estuviera claro si habrá la visita, como invitados al pleno senatorial, del fiscal destituido, Santiago Nieto Castillo, y del encargado del despacho de la PGR que lo destituyó, Alberto Elías Beltrán (la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, la priísta Ana Lilia Herrera, eludió penosamente definir lo que sucederá hoy, entrevistada por José Cárdenas en su noticiario radiofónico vespertino).

El más reciente tropiezo escandaloso de la política peñista tiene como telón de fondo la información, cada vez más detallada, del suministro de millones de dólares a cuentas en paraísos fiscales que, según actas en investigaciones judiciales de Brasil, fueron propuestas por Emilio Lozoya Austin, quien era el coordinador de vinculación internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y a quien la firma brasileña Odebrecht, y algunas de sus filiales, como Braskem (la develación de datos corresponde a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), brindó respaldo económico con la esperanza de recibir posteriores contratos muy ventajosos, lo que también sucedió.

Santiago Nieto Castillo, el fiscal electoral destituido, trataba de avanzar, conforme a las reglas institucionales, en una investigación decorosa sobre el asunto. Contra él ha estado el poder político de Los Pinos y la pesada sagacidad litigante de Javier Coello Trejo, quien se ha abierto campo en los medios de comunicación para promover la versión favorable a su cliente, Lozoya Austin.

A fin de cuentas, Los Pinos se ha creado una trampa absurda: si el Senado logra restituir a Santiago Nieto será una derrota para el grupo que ejerce el poder federal y seguramente habrá avances procesales en la indagación del caso Odebrecht que, en un extremo, podría llegar a la cancelación del registro del PRI (extremo que en términos pragmáticos parece impensable) o a la imposición de una multa cuantiosa. Si el círculo presidencial logra botar a Santiago Nieto, ese hecho constituirá un estigma rumbo a las elecciones de 2018, de por sí previstas como un grave riesgo de reincidencia de prácticas de criminalidad política desde el poder.

En otro ejemplo de esa mafiosidad fatigosamente triunfante, el tribunal electoral de Coahuila dio por triunfador final al priísta Miguel Ángel Riquelme, luego de votaciones de gobernador tan fangosas como su largo proceso, federal y local, de calificación. El ex presidente municipal de Torreón fue impulsado por uno de los dos Moreiras que antes han gobernado Coahuila, Rubén, peleado con Humberto. Más allá de estos pleitos internos, el moreirismo cree posible llegar, cuando Riquelme termine su encargo, a los 18 años de controlar esa plaza norteña.

Aun cuando una primera lectura podría suponer que esa resolución es un golpe para el presidente nacional panista, el ambicioso Ricardo Anaya Cortés, lo cierto es que resulta realmente adversa para los principales adversarios de éste, Felipe y Margarita, compadres y promotores de Guillermo Anaya, candidato panista a gobernar Coahuila que nuevamente se queda en el camino.

Y, mientras la venganza federal aprieta judicialmente al Partido del Trabajo (por lo pronto, en Aguascalientes, con ramificaciones a Nuevo León) en uno de sus puntos oscuros, el dinero público para centros de desarrollo infantil, ¡hasta mañana!

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