Madrid.

Con la cuenta atrás en marcha, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, tiene dos opciones para enfrentar los próximos días: convocar a elecciones anticipadas para retomar el diálogo con el gobierno español y evitar así la aplicación del artículo 155 de la Constitución; o declarar la independencia en el pleno del Parlamento catalán del próximo jueves.

El conflicto entre Cataluña y el Estado español está en fase crítica con dos citas que podrían ser históricas a finales de esta semana: en el Senado español se votará la aplicación del artículo 155, lo que implica destituir a todo el gobierno catalán, intervenir la policía autonómica, asumir el control de la radio y la televisión públicas y convocar a elecciones anticipadas en un plazo máximo de seis meses.

De hecho, el vocero de la Generalitat, Jordi Turull, confirmó que la administración catalana presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo contra la entrada en vigor del artículo 155, al considerar que vulnera un principio básico de la Constitución, que es precisamente el que garantiza la autonomía de los gobiernos locales.

El segundo escenario será en el Parlamento catalán, donde este jueves, a las 10 de la mañana, está convocado un pleno en el que se debatirá sobre el futuro de Cataluña y donde se prevé que el propio Puigdemont –que fue quien solicitó la convocatoria– fije la postura del gobierno catalán frente a la inminente intervención del Estado español.

En el callejón sin salida en el que se encuentra el conflicto, Puigdemont tiene sobre la mesa dos opciones antagónicas que en cualquier caso supondrían una ruptura, ya sea con parte de la coalición independentista, o con la parte de la población catalana que abiertamente se ha declarado en contra de la independencia.

Parte del Partido Demócrata de Catalunya (antes Convergencia Democrática y en el cual milita Puigdemont), que representa al nacionalismo conservador y que tiene fuertes vínculos con el sector empresarial, es partidario de resolver la crisis por la vía del diálogo y así evitar también la fuga de empresas de la región, que ya suman mil 400 desde el primero de octubre. De hecho, las agrupaciones empresariales catalanas enviaron un comunicado al mandatario en el cual le piden que convoque a elecciones anticipadas para evitar la intervención de las instituciones catalanas y abandonar la vía de la confrontación.

Sin embargo, parte importante de su partido y de sus dos principales aliados en la secesión, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Candidatura de Unidad Popular (CUP) insisten en que ya no cabe el diálogo con un gobierno que se ha volcado en políticas represivas como el operativo policial del primero de octubre durante el referendo de independencia, o las detenciones de los líderes del movimiento Jordi Cruixart y Jordi Sánchez, ambos en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real acusados de sedición.

Su estrategia es comparecer el próximo jueves ante el Parlamento catalán para declarar la independencia y anunciar la entrada en vigor de la ley de transitoriedad o de desconexión, con la que pretenden desvincular de forma paulatina las instituciones catalanas de las españolas, a pesar de que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

Desde la CUP los dirigentes expresaron su preocupación por las noticias que les llegaban desde el gobierno catalán, al confirmar que les consta que Puigdemont tiene sobre la mesa la convocatoria a elecciones, lo que supondría dar un paso atrás en su apuesta por la secesión unilateral. Sería un acto de sumisión, de vasallaje. Nos tratan como una colonia. Convocar a elecciones autonómicas sería la herramienta más demoledora para parar el proceso de independencia, advirtieron.

Puigdemont también está sopesando participar en el debate parlamentario que se llevará a cabo en el Senado español, donde podría tener un cara a cara con el presidente Mariano Rajoy, para confrontar sus ideas y proyectos para la región autonómica.

Por último, la empresa automovilística Seat, que da trabajo a miles de personas en Cataluña, anunció que en caso de que no se garantice su seguridad jurídica también abandonará la región como sede social y fiscal, con lo que se sumaría a algunas de las corporaciones más importantes que han salido de la región, entre ellas CaixaBank –que ayer confirmó que su cambio a Valencia es definitivo, no temporal–, el Banco Sabadell, Gas Natural, Codorniu y Catalana Occidente.