La ley reglamentaria de la reforma en materia de justicia laboral señala la liberalización del outsourcing, la perpetuación del tripartismo en los conflictos laborales y la continuidad de mecanismos que permiten la simulación en las votaciones para firmar el contrato colectivo de los sindicatos.

Dicha reforma sólo fue consensuada por el sector empresarial y el gobierno y no se tomó en cuenta a abogados y académicos especialistas, sindicatos ni a las organizaciones sociales vinculadas con el tema, denunció el Observatorio Laboral.

Esta organización planteó que se han hecho diversas solicitudes públicas para conocer el texto y participar en el debate, sin respuesta de las autoridades. Sin embargo, se filtró un documento que, con el nombre de Capítulo procesal de la LFC, contiene propuestas que de ninguna manera responden a la reglamentación de la reforma planteada y en cambio dan carta abierta para que se perpetúen los sindicatos de protección.

El Observatorio señala que en el documento filtrado hay un intento patronal aceptado por la Secretaría del Trabajo para liberar la terciarización (outsourcing), quitándole los límites legales que actualmente tiene, señalados en el artículo 15 A de la reforma laboral de 2012.

Este giro de la reglamentación de la reforma de justicia laboral es además inverosímil, dado que las limitaciones al outsourcing se fijaron con base en la recomendación 2694 del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo.

Esta organización hizo ver que los verdaderos temas de la reforma constitucional son la creación de un organismo descentralizado y autónomo que registre contratos y sindicatos, la supresión de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de los tribunales laborales como parte del Poder Judicial.

También exigen que en la ley secundaria se defina como principio fundamental el voto universal, directo y secreto en todos los procesos de constitución de sindicatos y contratos –como garantía de los principios procesales tutelares del trabajo–, y no simulaciones, como pretenden los abogados patronales. Este es un punto básico para que no se perpetúen los contratos de protección.

Por tanto, este Observatorio demandó que se publique el proyecto elaborado en secreto y al gusto de los empresarios. Y dado que la iniciativa se hizo entre la patronal y el gobierno, solicitaron al Poder Legislativo que convoque a un debate, considerando el corto plazo que hay para que se discutan y aprueben las reformas normativas en la Cámara de Diputados.