A la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene rezagadas 6 mil 269 solicitudes para aplicar el Protocolo de Estambul a detenidos e internos de Centros Penitenciarios de la República Mexicana y determinar si una persona ha sido víctima de torturas o tratos crueles.

En respuesta a una petición de información de un particular, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo argumentó que los expedientes en espera va en función de que la autoridad proporcione los documentos necesarios para su integración y el tiempo de autorización de ingreso a la prisión que puede tardar semanas o meses.

La subprocuraduría contestó que la PGR cuenta con el acuerdo A/085/2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se establecen las directrices institucionales que deben seguir los agentes del Ministerio Público, los peritos en medicina, sicología y demás personal. Para los casos en que se presuma la comisión del delito de tortura se tiene el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura que contempla las mejores prácticas para la investigación ministerial, pericial, policial de este delito y principios de actuación para una atención digna y respetuosa hacia la víctima.

Adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace 17 años, el Protocolo de Estambul es un manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Se trata del primer conjunto de reglas que contiene líneas básicas con estándares internacionales en materia de derechos humanos, a fin de valorar de manera integral –médica y sicológica– a una persona que se presume haya sido víctima de tortura o maltrato. Sirve a médicos y abogados para acreditar esta práctica con la elaboración de documentación que pueda ser útil como evidencia válida para los procesos judiciales. En la actualidad la PGR cuenta con 170 médicos y 94 sicólogos para su aplicación.

Según estadísticas institucionales, de 2003 a agosto de este año sólo se atendieron mil 486 demandas, de los cuales el 76 por ciento resultaron negativos. En 2015 y 2017 se recibieron el mayor número de solicitudes para la aplicación de dicho protocolo, y se practicó en 603 casos, donde los detenidos afirmaron ser objeto de tratos crueles o degradantes.