A pesar de los varios llamados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que defina el presupuesto suficiente a fin de que se haga realidad la Ley General de Desaparición Forzada, hasta el momento no hay fecha para su promulgación, lo que permitiría generar, por ejemplo, el sistema nacional de búsqueda de personas y otros elementos para la reacción inmediata, en un contexto de más de 33 mil personas no localizadas en el país.

Los exhortos provienen lo mismo de legisladores que de organismos internacionales y familiares de las víctimas, pero –de acuerdo con fuentes del Ejecutivo federal– hasta ayer no había fecha para la promulgación, el paso legal indispensable para la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento.

El llamado a la SHCP ha provenido de los senadores involucrados en su elaboración, de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El requerimiento es compartido por el presidente de la Cruz Roja Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, colectivos de grupos civiles (en especial de familias de desaparecidos), así como de la academia y funcionarios del propio gobierno federal.