En ambas cámaras del Congreso hay 53 reformas pendientes, que tendrían que procesarse antes del 15 de diciembre en que concluye el periodo de sesiones, además de la aprobación del presupuesto de 2018 en San Lázaro y una treintena de tratados y otros instrumentos financieros en el Senado.

La situación es complicada, dado que sólo restaría un periodo más de sesiones, de febrero a abril del 2018 –en pleno proceso electoral–, por lo que los integrantes de las juntas de Coordinación Política en el Senado y la Cámara de Diputados acordaron buscar coincidencias para aprobar una agenda común que incluiría eliminar el pase automático del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía General de la Nación, aprobar la ley que regirá a ésta última y la que sanciona el robo de hidrocarburos.

En esa reunión de las juntas que se llevo a cabo la semana pasada se presentaron los listados de pendientes.

El Senado dio prioridad a la Ley de la Fiscalía General de la República, la legislación contra huachicoleros, la Ley de Archivos, la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) y a las reformas a la Ley General de Educación, para la reutilización de los libros de texto, está última de interés de los diputados y del PRI.

Asimismo, la ley para dotar de autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que interesa al PAN en el Senado y a todos los grupos en la Cámara de Diputados, según se señala en el documento de la Junta de Coordinación Política que preside Ana Lilia Herrera.

Por lo que toca a la Cámara de Diputados, su junta, que encabeza el panista Marko Cortés, tiene entre sus prioridades el paquete económico, la reforma constitucional para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y desaparecer los legisladores de representación proporcional.

En tercer lugar se enlistó la Ley de Seguridad Interior, por la que se crea el marco jurídico para la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y se especifica que sólo interesa al PRI.

Asimismo, entre los pendientes en San Lázaro están las reformas en materia de violencia política de género, que de nueva cuenta impulsa únicamente la fracción priísta, la modificación a las leyes de planeación, de desarrollo social y a la de protección al consumidor.

Al final se mencionan, también, las leyes generales del modelo policial de mando mixto, congeladas en la Cámara de Diputados desde hace dos años porque no cuentan con el respaldo del gobierno federal.