l lunes, la Audiencia Nacional española mandó a prisión a dos miembros clave del movimiento popular catalán por la independencia. Jordi Sánchez, quien encabeza la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), y Jordi Cuixart, líder de Ómnium Cultural, están detenidos sin fianza acusados de sedición. Están siendo investigados a causa de una protesta pacífica celebrada el 20 de septiembre al final de la cual pidieron calma a la multitud. Está bastante claro que ambos están en la cárcel únicamente a causa de sus ideas políticas.
En este contexto, desde Cataluña saludamos y agradecemos la iniciativa de solidaridad llevada a cabo desde México por la Fundación por la Democracia liderada por Cuahtémoc Cárdenas, condenando la violencia y la privación de libertad para Sánchez y Cuixart y reclamando su libertad y el fin a cualquier pretensión autoritaria de parte del gobierno español.
España tiene un problema político en Cataluña que no desaparecerá con la acción de los jueces y la policía, como afirmó la fundación política alemana Konrad Adenauer Stiftung en un reciente documento.
El presidente de España rechazó el jueves cualquier tipo de diálogo para reducir la intensidad de la tensión con Cataluña e informó, en su lugar, que el Ejecutivo español activará este sábado 21 de octubre el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña con el apoyo del principal partido de la oposición, el PSOE. Ese permite al gobierno central español tomar el control de una comunidad autónoma española. Se desconoce los efectos de esta medida ya que es la primera vez que se aplica en casi 40 años desde el nacimiento de la actual Constitución española, pero, según diversas fuentes, las medidas pasarían por tomar el control de la Presidencia del Gobierno de Cataluña, la policía catalana (Mossos d’Esquadra) y los medios de comunicación públicos catalanes con el argumento que no son imparciales. La medida podría ir acompañada también por la detención de los miembros del gobierno catalán. Seguiría así la deriva autoritaria que la Fundación por la Democracia mexicana condenó en su comunicado.
Es más que evidente que esto supondría una escalada sin precedentes de la tensión y que provocará que cientos de miles de ciudadanos salgan a la calle para defender el autogobierno y las instituciones catalanas.
Rajoy menosprecia así el gesto del presidente catalán, el cual le tendió la mano cuando, siguiendo las peticiones de varias contrapartes internacionales, decidió suspender los efectos de la declaración de independencia, efectuada el 10 de octubre, para facilitar un diálogo sin condiciones. Un gesto que le ha supuesto la incomprensión de no pocos ciudadanos que entendían que el mandato para declarar la independencia era claro y que, algunos de los cuales, llegaron a soportar estoicamente los porrazos y vejaciones de la policía española para defender las urnas y el derecho de los ciudadanos a expresarse democráticamente el pasado primero de octubre. En lugar de aceptar el guante y tomar alguna medida de distensión, el gobierno español dobla la presión y arrastra al gobierno catalán hacia un callejón sin salida.
Rajoy podría haber hecho muchos gestos pero no ha sido así. Podría haber retirado los 10 mil efectivos de la policía española que aún se encuentran alojados en tres grandes cruceros atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona. Son los responsables de lo que Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos) ha concluido que son los responsables del uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos pacíficos que causó 893 heridos. O podría parar todos los procesos legales que el gobierno español ha instigado contra cargos electos catalanes: la presidenta del Parlamento de Cataluña afronta tres procesos criminales por permitir un debate sobre la autodeterminación en sede parlamentaria; el ex presidente de Cataluña ha sido inhabilitado durante dos años y ahora se le obliga a asumir personalmente el costo del referéndum informal de 2014 (5.2 millones de euros); se está persiguiendo a 800 alcaldes por haber colaborado con el referéndum del pasado primero de octubre; se han cerrado unas 200 webs; se está juzgando a una decena de jóvenes que replicaron las webs cerradas; etcétera.
Rajoy no ha optado por ninguna de estas opciones que, seguramente, habrían ayudado a reducir la tensión. En cambio, lanza una nueva amenaza a las autoridades catalanas: os rendís u os detenemos. El gobierno español no tiene ningún interés en destensar la situación. Lo que quiere es satisfacer 100 por ciento de sus objetivos.
Ante este escenario tan pesimista, los ciudadanos, los trabajadores, los empresarios y, de hecho, todos los catalanes pedimos a todas las contrapartes internacionales que solicitaron y consiguieron un gesto de distensión por parte del gobierno catalán, que hagan el mismo llamamiento al gobierno español.
*Secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat)
Diplocat es un consorcio que reúne a 40 instituciones catalanas entre patronales, sindicatos, cámaras de comercio, universidades, cajas de ahorro, el FC Barcelona, el gobierno de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, entre otros.
