Chihuahua, Chih.

El ex procurador general de la República Raúl Cervantes Andrade desechó la primera causa penal interpuesta contra el ex gobernador César Duarte Jáquez, en la cual se le acusa del desvío de 65 millones de pesos, que habrían sido usados para crear un fideicomiso que lo convertiría en accionista de Banco Unión Progreso, institución de banca múltiple, cuya creación fue autorizada en marzo de 2014, informó el abogado Jaime García Chávez.

Al margen de la investigación que realiza el actual gobierno panista de Javier Corral, García Chávez dijo que da seguimiento a la denuncia original contra César Duarte que la organización Unión Ciudadana interpuso hace tres años, en la que se acusa al ex gobernador y a los ex funcionarios Jaime Herrera Corral y Carlos Hermosillo Arteaga, de uso indebido de recursos y atribuciones.

Dijo que la causa penal AP/PGR/UEAF/001/2014-09, iniciada el 23 de septiembre de 2014, está sustentada en pruebas documentales que incluyen certificaciones expedidas por Moody’s Investors Service y documentos de instituciones mexicanas gubernamentales y bancarias.

Explicó que el expediente cumplió tres años en septiembre, sin que las autoridades federales hayan investigado el fideicomiso 777437 de Banorte, además de otras pruebas, como 342 depósitos de fondos estatales transferidos del 7 de junio de 2012 al 14 de octubre de 2014.

García Chávez cuestionó que Jaime Herrera Corral no haya sido sometido a proceso penal, pues se demostró un conflicto de interés por su doble papel como director de Banco Unión Progreso y secretario de Hacienda, ya que instruyó desde esa secretaría a invertir recursos públicos a una baja tasa de interés, para fondear las instituciones financieras que se fusionaron para crear el banco.

Debido a la negativa a dar trámite a la denuncia, recordó que Unión Ciudadana interpuso un juicio de amparo ante el juzgado 6 de distrito de la Ciudad de México, para reclamar al procurador si existía o no la causa penal contra César Duarte y Jaime Herrera, amparo cuyo fallo fue diferido luego de que Raúl Cervantes negara que existiera el acto reclamado.