La sugerencia del presidente Enrique Peña Nieto de postergar hasta después de las elecciones de 2018 la decisión para elegir al fiscal general provocó posturas encontradas entre los senadores. Si para el coordinador del PAN, Fernando Herrera, no hay por qué alargar este tema, pues existen las condiciones para designar al funcionario, para la senadora y lideresa perredista, Alejandra Barrales, este nombramiento no puede equipararse a una carrera contra reloj.

En la Cámara de Diputados las posturas fueron diferentes, pues tanto PRI como PAN consideraron que observaron la renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República como un suceso que debe remover los pretextos para el trabajo político en el Congreso, y un acto que hará más robusta la decisión del Poder Legislativo sobre quién será el primer fiscal general de la República.

El presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, consideró que el anuncio de Cervantes correspondió a una determinación personal, congruente, porque ‘‘ha cumplido exitosamente todas las etapas de su vida como legislador y en el litigio particular. Yo creo que queda sin ningún efecto la idea de que se procuraba un albazo o se quería sorprender a la ciudadanía a la hora de la elección del fiscal general.

‘‘He hecho un llamado a la oposición, perpendicularmente a los partidos que han presentado propuestas sobre el tema de la fiscalía general de la República, y creo que es hora de dejar los discursos y pasar a los dictámenes’’, señaló el priísta.

A su vez, el coordinador del PAN, Marko Cortés, festinó la renuncia de Cervantes Andrade, porque ‘‘al quitarse el pase automático del procurador al fiscal carnal, se materializó el compromiso de todas las fuerzas políticas. Sobre la elección del primer fiscal general, nosotros presentamos un cronograma para que ésta ya sea dictaminada en la Comisión de Puntos Constitucionales. Estamos en espera de que esto se apruebe’’.

En el Senado, Miguel Barbosa, de PT-Morena, sostuvo que hay un acuerdo PRI-PAN para dejar sin titular a la PGR, hasta que se pongan de acuerdo ‘‘en un fiscal a modo’’. Reconoció que la renuncia del ex procurador puede ser vista como un acto de honestidad, pero es el primer paso de un plan cuya conclusión es la designación del fiscal general en los términos del artículo 102 constitucional.

‘‘Limpian el escenario político con la renuncia de Raúl Cervantes, con la desaparición de un posible favorito en el pase automático de procurador a fiscal, y con ello estarían en condiciones de aplicar el procedimiento que establece el 102 constitucional para llegar a tener mediante un mecanismo controlado, desde las mayorías del Congreso y desde el Ejecutivo, lo que para ellos es indispensable: un fiscal que pueda garantizarles la impunidad’’, recalcó Barbosa.

Antes, la senadora Barrales dijo que la fiscalía general de la República debe consolidarse como un espacio autónomo que garantice la impartición de justicia, por lo que el nombramiento de su titular debe madurarse lo suficiente.

Por su parte, el coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera, insistió en que hay condiciones para que este nombramiento transite con los requisitos que estableció el Partido Acción Nacional.