Madrid.

Cataluña vivió ayer una intensa jornada de revolución democrática, en la que centenares de miles de personas salieron a las calles para exigir la liberación de los dos presos políticos del proceso de secesión, en referencia a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la plataforma Omnium Cultural, respectivamente.

Los líderes independentistas pasaron su primera noche en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, adonde fueron enviados por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, acusados del delito de sedición, por el cual podrían ser condenados hasta a 15 años de cárcel.

Las calles de las principales ciudades y pueblos de Cataluña se llenaron de letreros e inscripciones con consignas parecidas a las que se hicieron populares en los años más duros de la transición a la democracia, cuando todavía persistía la férrea estructura represora de la dictadura. Presos políticos, libertad, ni un paso atrás, los claveles serán siempre nuestros o presos catalanes, los queremos en casa, se escuchó gritar a miles de manifestantes indignados por el encarcelamiento de las figuras más relevantes del movimiento independentista.

Fue una jornada de revolución democrática, porque prácticamente en todo el día hubo concentraciones, actos de protesta, reuniones de comités y, por la noche, se llevó a cabo una multitudinaria manifestación en las calles de Barcelona que según la guardia urbana congregó a más de 200 mil personas.

La marcha se desarrolló en silencio, esta vez los inconformes llevaban veladoras rojas y azules en vez de banderas. El mensaje fue contundente: más allá de las filiaciones ideológicas o de las reivindicaciones políticas, se habían congregado ahí para decir fuerte y claro que el Estado español había cruzado la línea roja al echar a andar la maquinaria judicial para meter a la cárcel a los dos primeros presos políticos. El mismo mensaje se repitió en Girona, Tarragona, Lleida, Valencia, la Puerta del Sol de Madrid e incluso en varias capitales europeas, donde el movimiento separatista catalán se movilizó para alzar la voz ante lo que considera un atropello sin parangón en una democracia occidental.

Estas detenciones, además, hicieron desaparecer las escasas posibilidades de que se abra una mesa de diálogo entre el gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, y el catalán, del nacionalista Carles Puigdemont. Durante los discursos en las manifestaciones, así como en las declaraciones de la mayoría de los líderes soberanistas, se insistió en que Madrid había negado cualquier posibilidad a una salida pactada con el encarcelamiento de los Jordis.

Marcel Mauri, vocero de la plataforma Omnium Cultural, señaló que “ni siquiera el franquismo se atrevió a tanto. Por ello, de ahora en adelante saldremos a la calle para exigir la libertad de los presos políticos, pero también para pedir democracia, porque nosotros salimos con la determinación y la voluntad de paz y civismo que hacían ‘los Jordis’. Esto es lo que nos hace diferentes, lo que no vamos a perder nunca”.

El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, advirtió que los Jordis son personas honestas y comprometidas con este país y por ese motivo son presos y rehenes del reino de España. Es un elemento más de la deriva antidemocrática que ha supuesto la reducción de libertad y de derechos, pero por mucho que nos encarcelen siempre tendremos relevo. Porque no tenemos miedo.

El gobierno catalán también expresó su profundo malestar e indignación, al tiempo que advirtió que no cambiará su postura ante el requerimiento de Madrid para que aclare antes del próximo jueves si declaró o no la independencia. Aseguró que mantendrá su oferta de diálogo, pero siempre y cuando se haga por cauces democráticos y respetando el mandato popular de la población catalana del primero de octubre.

Jordi Turull, vocero de la presidencia, advirtió que del otro lado hay un gobierno que cierra constantemente las puertas y mira en dirección contraria al diálogo mediante la represión y el acoso a empresas, invitándolas a que se lleven su sede social de Cataluña.

Ada Colau, alcaldesa independiente de Barcelona pero con vínculos a Unidos Podemos (UP), calificó las detenciones de políticas y arremetió contra la justicia española. Además, anunció la suspensión de las actividades institucionales del consistorio hasta el próximo jueves, en señal de protesta por la situación de excepción que se vive en Cataluña.

Mireia Boya, vocera de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), informó que habían iniciado conversaciones con las otras dos fuerzas independentistas –Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)– para declarar en los próximos días la independencia formal y pública, ya sin vuelta atrás. Se encontrarán con una república proclamada cuando vengan por nosotros. Sólo buscamos el mejor momento para hacerlo, pero será en los próximos días. En este sentido, apremió a la sociedad civil a apoyar en las calles la proclamación, con el mismo espíritu unitario que permitió que el pasado primero de octubre se pudiera celebrar el referendo de autodeterminación, a pesar de su prohibición por los tribunales españoles.

Pedimos que nadie se quede en casa, que ningún silencio sea cómplice del Estado español.

Este anuncio coincide con la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal la ley de referendo aprobada por el Parlamento catalán el pasado 5 de septiembre y que abrió las puertas a la consulta ciudadana. La sentencia fue aprobada por unanimidad, en la que además se advirtió que en la tramitación de la ley hubo graves quiebres del procedimiento legislativo, tal como denunciaron los partidos de oposición que son contrarios a la independencia.

En cuanto a las consecuencias de la inestabilidad política que se vive en Cataluña, Irene Garrido, secretaria de Economía del gobierno español, informó que desde el pasado primero de octubre se han ido de la región 700 empresas, incluidas las más importantes. Además de que en un solo día se habría registrado una fuga de depósitos bancarios de más de 4 mil millones de euros, motivada por el miedo y la incertidumbre.

La independencia supondría el empobrecimiento de la población por la desaparición del crédito, vendrían tensiones presupuestarias porque habría menos ingresos tributarios, sería imposible frenar los procesos inflacionarios derivados de tener que financiar déficit emitiendo deuda y, en definitiva, un desastre por la fuga de capitales ante la falta de confianza política y económica, señaló.

La empresa de seguros SegurCaixa Adeslas, que es la que da la cobertura al Parlamento catalán, anunció que ya no dará este este servicio de responsabilidad civil a la institución y a los diputados por el riesgo producido por los acontecimientos ocurridos recientemente en Cataluña.