La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) inició carpetas de investigación a gobiernos en seis estados y la delegación Coyoacán, por el presunto desvío de los recursos aportados por la sociedad a los terremotos de septiembre.

Al preguntar si en el caso de Morelos, una de las seis entidades donde se indaga, la investigación involucra al gobernador Graco Ramírez y su esposa, Elena Cepeda –quien habría ordenado concentrar la ayuda en bodegas–, el fiscal Santiago Nieto Castillo explicó que en la carpeta relaciona al sistema estatal del DIF, se investiga a cualquier persona involucrada y al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Después de participar en el foro Generación de conocimiento para la construcción de una democracia paritaria, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró lamentable que se utilice electoralmente una desgracia, una tragedia.

Explicó que el tipo penal sanciona el condicionamiento de recursos e favor de un partido político, precandidato o candidato y como en este momento no hay ningún aspirante formal, la investigación se vincula a los partidos en los gobiernos.

Detalló: en el caso de Pátzcuaro, Michoacán, y Morelos, al PRD; en Puebla, a Acción Nacional (PAN) y en el estado de México al Revolucionario Institucional (PRI). Integramos las carpetas de investigación para efectos de ejercer la acción penal donde se acredite la responsabilidad.

Además, la fiscalía indaga denuncias en Juchitán, Oaxaca, por el sismo del 7 de septiembre; y por el del 19, al estado de México, Guanajuato y la delegación Coyoacán, que está a cargo del perredista Valentín Maldonado, del grupo del ex delegado y actual asambleista Mauricio Toledo.

Informó que por las elecciones de junio para gobernador en el estado de México, Coahuila y Nayarit, así como alcaldes en Veracruz, se iniciaron 254 carpetas de investigación por condicionar la entrega de programas sociales.

Tanto en el foro como después en entrevista, Nieto Castillo declaró que se detectó un fenómeno: funcionarios obligaron a mujeres a presionar a otras, en comunidades pobres, para obtener recursos de Prospera.

Se relaciona con el ejercicio del poder. Según la zona geográfica, se condiciona según el partido que gobierne. El PRI en el estado de México; el PAN en Puebla, y el Verde en Chiapas, afirmó.

Por otra parte, expresó su postura en rechazo a las iniciativas de los partidos para desaparecer el financiamiento público, porque lesionaría la equidad y la historia electoral y haría más compleja la fiscalización del origen de los recursos de campaña.

Informó que en breve se presentarán conclusiones de indagatorias en Coahuila y Nayarit por presunto financiamiento ilegal a candidatos independientes.