a prensa estadunidense describe las más recientes negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con adjetivos de alarma. A medida que avanzan las reuniones se advierte que Donald Trump, lejos de querer modernizar el acuerdo, pretende hacer lo que ha repetido constantemente: acabar con él.

The Hill, antigua publicación política de Washington, describe que priva un ambiente de angustia y pesadumbre. Forbes califica la situación de peligrosamente incierta. The New York Times afirma que en la cuarta ronda ya la cosa bordea cercanamente hacia el colapso.

Los negociadores mexicanos expresan lo que ocurre con claros signos de preocupación, pero con esa tendencia característica a afirmar la fortaleza de la nación. El canciller Luis Videgaray asegura que México es más grande que el TLCAN. El secretario Ildefonso Guajardo señala que el tratado ya no tiene el mismo valor de acceso al mercado que hace 22 años. Herminio Blanco, líder negociador del TLCAN original, apunta que el país cuenta con la capacidad de adaptarse al eventual desafío. El gobernador saliente del banco central afirma que el final del acuerdo sería negativo para México, pero el impacto tendría corto alcance. En la Secretaría de Hacienda se considera que el país está preparado para un escenario adverso en la negociación.

Así están las relaciones comerciales entre ambos países y, así también se expresan las posturas políticas que de ellas se desprenden. Da la impresión de que tanto las partes involucradas en México y Estados Unidos, es decir, las industrias vinculadas por el tratado y, de otra parte, los responsables de las políticas públicas se hallaban en una especie de terreno cómodo que ahora está por alterarse. Esa es parte de la ventaja que tiene Wilbur Ross, el secretario de Comercio estadunidense amparado en el eslogan de Trump de Make America great again.

Un terreno cómodo, en el que no sólo se administraban las pautas de la producción y que generaban beneficios para las empresas participantes, sino que se extendía a las relaciones laborales y a la gestión fiscal ligada con esa parte de la actividad económica bilateral.

Ante la posibilidad de que el TLCAN se acabe o se modifique de modo relevante resulta que siempre sí, que el país tiene opciones para contrarrestar el efecto negativo que pueda crearse; que los vínculos comerciales, productivos y las corrientes de inversión pueden adaptarse a las nuevas condiciones; que hasta la productividad de esta economía sostendría la actividad económica y que se puede aprovechar favorablemente la multitud de acuerdos comerciales firmados con otros países.

Podría preguntarse por qué esas condiciones tan favorables no se aprovecharon antes para reforzar las tan grandes ventajas del TLCAN, que ahora están en riesgo de transformarse.

La información de la Secretaría de Economía indica que hay una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos de promoción y protección de inversiones con 33 países y nueve de alcance limitado. Con esta infraestructura, las ventajas del comercio y las inversiones habrían de estar más diversificadas geográficamente y tener mayor impacto en la actividad productiva y la generación de riqueza. Esto no ocurre y la adaptación para que suceda no es automática.

Según las consideraciones y la información que ha elaborado Arnulfo R. Gómez, del PIB total generado en los países del TLCAN, en 1981 México participó con 2.65 por ciento y Canadá con 2.69. En 2001 las proporciones respectivas se redujeron a 2.18 y 2.20, y en 2016 a 1.43 y 2.05 por ciento. No debe olvidarse que la mitad de la economía mexicana funciona en la informalidad.

En cuanto a la evolución de la productividad en esta economía, los datos del World Economic Forum muestran que en 1998 México ocupaba el lugar 39 y Canadá el seis; pero en 2016 los lugares fueron 51 y 15, respectivamente.

El PIB por habitante de México en 1981 era de 4 mil 142 dólares, en 2001 fue de 7 mil 96 y en 2016 de 8 mil 699. En esos mismos años Canadá pasó de 12 mil 337 a 23 mil 659 y 42 mil 319; Estados Unidos de 13 mil 966 a 37 mil 241 y 57 mil 294. Pero Corea expandió su ingreso de mil 870 dólares a 11 mil 259 y finalmente a 27 mil 633. Algo pasa, sin duda.

En un escenario sin TLC, y probablemente este no sea sólo un mero ejercicio intelectual, sino una seria necesidad, habrán de explicarse muchas situaciones de índole económica y financiera, pero igualmente tendrán que confrontarse muchas cuestiones de naturaleza política.

Las mismas posturas que toman ya los funcionarios públicos en este momento de la negociación trilateral, igual que los empresarios involucrados y los asesores del cuarto de al lado no hacen posible eludir esa responsabilidad.

Lo mismo hay que decir de cualquiera que tenga pretensiones ya declaradas o aún no manifiestas de encabezar el próximo gobierno en 2018. No caben ya muchas explicaciones truncas o, de plano, eludir el bulto. Como se sabe: las cosas viejas ya pasaron, observar las que se hacen nuevas.

En cuestionamiento quedan las instituciones públicas que existen y su modo de operación; lo mismo pasa con la confianza en las instancias de gobierno y las privadas también y la forma en que se hacen negocios, se regulan los mercados y se definen la formas de acción e intervención del Estado.