Prácticamente todo el país está señalado como territorio peligroso para las mujeres. Son 28 entidades las que cuentan con solicitud para que se emita alerta de género.

Debemos entender que los casos de agresión no son aislados, a pesar de que algunos se hayan cometido por la pareja; todo esto forma parte de un contexto de violencia feminicida. Se tiene que entender así y no resolver caso por caso, sino verlo en un contexto general y que las investigaciones se realicen con base en lo anterior, advirtió la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete.

Las peticiones de alerta provienen de grupos civiles y son atendidas en un sistema nacional, integrado por funcionarios federales y locales, encabezado por la Secretaría de Gobernación.

En el seno del sistema se decide si la solicitud es aceptada y, en su caso, se integra un grupo multidisciplinario para investigar la situación de cada entidad.

Con base en ello se emite o no la alerta de violencia de género contra las mujeres.

Este año hay un alud de solicitudes y de emisión de medidas. Se han emitido 13, y en una docena se decidió sólo dar recomendaciones a los gobernadores.

Las más recientes alertas se emitieron para seis municipios de Nayarit, tres de Quintana Roo (incluido Cancún, Playa del Carmen y Cozumel), ocho de Guerrero, seis de San Luis Potosí y cinco de Colima.

Adicionalmente se estudian los casos de Yucatán, Coahuila y Durango, y apenas el 5 de octubre pasado se aceptó dar trámite al de la Ciudad de México.

Sorpresivamente, pese a los altos niveles de incidencia delictiva y el pasado reciente de feminicidios, Chihuahua no tiene solicitud de alerta. Tampoco se ha requerido en Hidalgo y Aguascalientes.

En todos los casos denunciados, las advertencias de grupos civiles son las mismas, y regularmente los rezagos son documentados por especialistas encargados de investigar. En gran parte se señala la falta de profesionalización del personal de las procuradurías y fiscalías de justicia; la revictimizacion; la falta de medidas preventivas y de reparación del daño, así como falta de homogeneidad en leyes y códigos penales, entre otros factores.

Consultada al respecto, la responsable de la Conavim afirma que la alerta, mecanismo de escrutinio administrativo, ha sido positiva para hacer visible el problema, pero admite que el avance no es el óptimo.

“La alerta no va a resolver en un periodo a corto plazo una cuestión mucho más compleja y profunda. Entonces, ésta ha servido para hacer visible el problema, para poner en la mesa política del más alto nivel la discusión sobre lo que se ha dejado de hacer para la eliminación de la violencia, es decir, hacer realidad una respuesta del Estado.

Tenemos un avance que si no es el lo óptimo, éste no se hubiera dado si la alerta no hubiese fungido como acelerador, dijo en entrevista.

En ese punto desmenuza los retos de las procuradurías estatales: en principio, advierte que las autoridades, locales y federales, deben investigar como feminicidio todas las muertes violentas de mujeres.

La mayoría de los temas (rezagos) tienen que ver con las procuradurías; en principio, la mayoría de las medidas (de prevención) no funcionan en muchos de los estados y esto deja a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, reconoció.

En segundo lugar, pese a que existen protocolos de investigación, es necesario que se apliquen de manera adecuada.

Tercero, se debe visibilizar y dar las cifras correctas en torno a los casos de violencia contra las mujeres.