La Ley General de Desaparición Forzada divide opiniones entre las organizaciones de la sociedad civil. Algunas la consideran un paso importante para la coordinación entre el gobierno y los familiares de las víctimas, pero otras advierten que es insuficiente para encontrar a los desaparecidos y castigar a los responsables.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) saludó la aprobación de la norma, el jueves en la Cámara de Diputados, pues permitirá distribuir competencias y establecer un esquema de trabajo coordinado entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.

De igual forma, estimó, la ley crea mecanismos para buscar y localizar a personas desaparecidas, así como para investigar y sancionar con penas hasta de 90 años este delito, que se persiga de oficio y no prescriba.

En un comunicado, el director del CDHZL, Antonio Lara, destacó que la nueva norma crea el Sistema Nacional de Búsque-da de Personas, que asegura la in-mediata movilización para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

Además, surgirán el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, el Banco Nacional de Datos Forenses y Registro Nacional de Personas Fallecidas, no identificadas y no reclamadas.

Sin embargo, aclaró estos mecanismos funcionarán en la medida en que las instituciones de seguridad y procuración de justicia tengan un compromiso para desterrar a la corrupción y la impunidad, ya que sin estos dos elementos, continuarán las desapariciones forzadas.

En contraposición, el Comité Cerezo México estimó que la ley no funcionará, ya que el Estado únicamente cedió en lo que no representaba un cuestionamiento a sus políticas de seguridad pública e interna. Servirá sólo para simular que se busca e investiga; no hay el menor indicio de que el Estado se proponga abandonar esta práctica.