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De nuestras Jornadas

Justicia dirigida

E

n la sesión del martes pasado, diputados locales rechazaron la cuenta pública 2015 correspondiente al periodo del entonces gobernador Rogelio Ortega Martínez; la Auditoría General del Estado (AGE) detectó un presunto daño a la hacienda pública por 194 millones de pesos, en un proceso que, hasta donde quedó claro, no ha concluido. Cuando diputados del PRI, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista revelaron irregularidades, en forma coincidente, por 194 millones de pesos en una auditoría realizada a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), legisladores del PRD se lanzaron contra sus colegas acusándolos de llevar a cabo una guerra sucia contra la administración municipal del puerto, dando a conocer, adujeron, un análisis que aún se encuentra en proceso.

Ahora, al balconear al ex gobernador, nadie reparó en que la revisión a la cuenta pública permanece inconclusa todavía y, si se sigue el mismo patrón observado en el caso de la Capama, es de entenderse que 44 de los 45 diputados que aprobaron el rechazo, le están haciendo guerra sucia a Ortega Martínez. La explicación reside, no precisamente en la legalidad del punto, sino en que el edil acapulqueño tiene quien lo defienda: la bancada perredista, en tanto el ex mandatario, no pertenece a ningún partido, se encuentra en la orfandad. Ya el PRD, que en su momento lo propuso desde la cúspide para sustituir a Ángel Aguirre Rivero, se le lanzó a la yugular avalando totalmente el rechazo a su cuenta pública; la dirigencia estatal parece cobrarle la factura cuando alega que Ortega Martínez gobernó muy distanciadamente del partido.

Pero no solamente los perredistas protegen a sus pupilos; igual pasa con otros partidos, como el PRI, cuyos diputados salvaron de ir a prisión al su colega Saúl Beltrán Orozco, quien, quien fue acusado de homicidio siendo edil de San Miguel Totolapan, al hacer derrapar el juicio que debieron seguirle para desaforarlo, impidiendo que la Fiscalía General de Justicia cumpliera la ley. Así, no paga quien la debe, sino el que no tiene quien lo defienda.