Mazatlán, Sin.

Diputados de Sinaloa acordaron que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Genaro Robles Casillas, presente un informe de la dimensión del problema que enfrentan los desplazados por razones de violencia en la entidad y que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosa Elena Millán Bueno, entregue un padrón de las personas que abandonaron sus comunidades por ese problema.

Por unanimidad aprobaron también que el gobierno del priísta Quirino Ordaz Coppel asuma medidas en favor de las familias en todo el estado, quienes a causa de la inseguridad por las pugnas entre grupos de la delincuencia organizada han abandonado sus comunidades.

La diputada del PRI, Maribel Chollet, presentó el punto de acuerdo en el que planteó que las autoridades de seguridad pública informen sobre la dimensión del problema del desplazamiento interno y darles certeza de que van a regresar a sus pueblos para que retomen sus actividades normales.

La iniciativa fue secundada por los legisladores del Partido Sinaloense, Angélica Díaz, y Efrén Lerma Herrera, del PRD, quienes estuvieron de acuerdo en que el gobierno del estado, mediante las secretarías referidas, apoyen a las familias desplazadas para que regresen a sus comunidades con las debidas garantías.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, aseguró que sí es posible dar seguridad y tranquilidad a las comunidades para que las familias regresen a Concordia, uno de los municipios más afectados por la delincuencia, pues ya enviaron a más elementos de la policía estatal y militares.

Dijo que el gobierno del estado da seguimiento a la recomendación que presentó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para atender las prioridades de alimentación, salud y educación, mediante las dependencias que tienen a cargo esos servicios.

También, el alcalde de Concordia, Felipe Garzón López, informó de la instalación permanente de una base militar en la población de Santa Lucía, que era una exigencia de los pobladores para regresar a sus comunidades, y confió que pronto podrán retornar.

La operación de la base militar fue uno de los acuerdos tomados entre los gobiernos de Sinaloa y Durango con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para instalar tres bases de operaciones mixtas, en Concordia, así como en El Salto y San Dimas, Durango.

Según datos oficiales hasta el 25 de septiembre anterior se contabilizaron un total de 545 familias desplazadas de 13 comunidades; destacan La Petaca, con 220 grupos, Chirimoyos, con 70; Santa Lucía, 44, y El Coco, 32, entre otros.