Contra radios indígenas
na nueva embestida enfrentan los pueblos indígenas del país (sí, otra) con la aprobación en la Cámara de Diputados de una ley para criminalizar a las radios comunitarias, cuya funcionalidad son parte esencial de la cotidianidad de las comunidades, muchas de las cuales no tienen otro medio de comunicación para enlazarse, como quedó claro en los sismos septembrinos.
La reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión castiga hasta con seis años de cárcel, 300 días de multa y el decomiso a las radios que no cuentan con una concesión, es decir, es una reforma que pega directo a un buen número de radios de los pueblos.
Al aprobar esta iniciativa, los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados exhibieron su clasismo y racismo, además de su temor al uso comunitario de una herramienta de alto alcance. Para ellos todo, nada para las comunidades, parece ser la consigna de la clase política que, una vez más, provoca a los pueblos indígenas y a las pequeñas comunidades urbanas.
La aprobación, como bien indica la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México), es un ataque directo a la libertad de expresión en un contexto de violencia extrema contra los comunicadores de todo el país. Baste recordar el asesinato en 2008 de dos locutoras triquis en Oaxaca, o el reciente ataque a balazos contra una comunicadora de Ometepec, Guerrero, en junio de este año.
El argumento para criminalizarlas no tiene desperdicio. Los diputados afirman que desde sus radios comunitarias las comunidades indígenas hablan en contra del gobierno. Y ahora sí que, como en cualquier dictadura, se encarcelará a quien opere frecuencias sin contar con el permiso y se decomisarán los bienes utilizados para la difusión de las ideas. Lo establecido en la Constitución en cuanto a que en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito
, no les importó, pues para ellos todo es negocio y las concesiones las tendrán los empresarios, jamás las comunidades.
Los diputados y sus secuaces no tienen idea. Sin duda, de asentarse en la ley, la medida será un nuevo y legal instrumento represivo, pero las radios comunitarias no podrán ser cerradas por decreto ni podrán encarcelar a todos los comunicadores y comunicadoras que hacen un trabajo diario de fortalecimiento de su cultura, enlace entre pueblos, entretenimiento, salud y educación, entre muchas otras funciones.
La autonomía de los pueblos indígenas no es reversible, no necesita del permiso de nadie y sigue su propia ruta. Y si no, que le pregunten a quienes en estos días caminan la tierra.
