omo parte de las reacciones oficiales tras el sismo que el 19 de septiembre causó graves daños en la capital del país, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera anunció ayer que en las próximas semanas se modificará el reglamento de construcciones vigente en la Ciudad de México. De acuerdo con el mandatario, los cambios responderán al doble propósito de reforzar las disposiciones en materia de seguridad estructural de nuevas construcciones y crear una regulación específica para la adecuada restructuración de los edificios afectados durante el siniestro del mes pasado.
En espera de las modificaciones concretas que el gobierno capitalino disponga, tras reunirse con los representantes de los colegios de arquitectos y especialistas estructuralistas, es necesario comentar la problemática relación con los reglamentos y su reflejo en la realidad. En efecto, los graves daños sufridos por edificaciones levantadas cuando ya se encontraba en vigor el protocolo surgido a raíz del terremoto de 1985 –e incluso algunas inauguradas en este mismo sexenio– pone al descubierto que en ésta como en otras materias el conflicto surge no sólo de la inadecuación del marco legal, sino de la laxitud con que es aplicado y sancionado.
En este sentido, es imposible pasar por alto la inexplicable suspensión de una se-rie de artículos y fracciones del Reglamento de Construcciones, los cuales regulaban las labores de los directores responsables de obra (DRO) para asegurar una correcta supervisión del diseño y la seguridad estructural de edificaciones clave. Debe recordarse que dicha normatividad fue aprobada en junio de 2016 a instancias de los colegios y asociaciones de ingenieros y arquitectos, pero en noviembre de ese año el jefe de gobierno la anuló mientras se trabajaba en la versión definitiva del texto, que debía ser presentada el mismo día del sismo. Tal medida permitió la continuidad de prácticas éticamente cuestionables, de las que este diario ha dado cuenta, como el hecho de que los supervisores a cargo de una obra puedan ser despedidos si su dictamen contraría los intereses del constructor.
El sismo que causó 228 muertes en la Ciudad de México exhibió la negligencia de las autoridades en el otorgamiento de certificados de seguridad que en forma periódica deben obtener los inmuebles en los cuales una falla estructural representa peligro significativo o cuyo funcionamiento resulta esencial en casos de emergencia, así como en aquellos de más de 30 metros de altura o 6 mil metros cuadrados de construcción que se encuentran en zonas de alto riesgo. El colapso de construcciones que cumplen con dichas características, y de manera señalada la tragedia ocurrida en el Colegio Enrique Rébsamen, pese a nominalmente contar con el documento referido, acusan la falta de responsabilidad con que se expiden los certificados.
En suma, es deseable que el nuevo marco normativo para la capital del país subsane las carencias del que se encuentra vigente, pero si su elaboración no va acompañada de la voluntad política para hacerlo cumplir de ma-nera cabal, las futuras catástrofes naturales seguirán derivando en tragedias humanas provocadas por la negligencia y el afán de lucro.
