Colima, Col.

El gobierno priísta de Mario Anguiano (2009-2015) entregó 30 millones de pesos, mediante tres créditos, al consorcio español NPG Technologies, para la instalación de una ensambladora de televisiones en el municipio de Tecomán, en 2014, la cual nunca operó y los recursos no se recuperaron, informó el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig).

El Osafig precisa en su auditoría excepcional al Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo Económico (Sefidec), organismo que entregó los créditos, que propuso sanciones para el ex mandatario y cuatro ex funcionarios de Sefidec por el posible daño hacendario.

Según un documento entregado el jueves anterior al Congreso local, el consorcio español solicitó tres créditos en 2014 por 30 millones de pesos en junio y diciembre, los cuales no contaron con el estudio de factibilidad de la empresa. El proyecto básico presentado, aun cuando hace referencia al montaje y fabricación de líneas de ensamble, los procesos de producción y control de calidad, no es concluyente respecto de un plan específico de ventas que aseguraran en su momento la colocación de televisiones en el mercado nacional.

La ensambladora de NGP Technology debió instalarse en el municipio de Tecomán con una inversión de más de cien millones de pesos para producir 200 mil televisores que serían distribuidos en el mercado nacional y latinoamericano. Sin embargo, NGP perdió todas las licitaciones que realizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en el terreno donde se instalaría fue abandonado.

“El Sefidec no consideró que en las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso Impulsa –de donde se otorgaron los créditos–, realizadas el 8 de diciembre de 2014 y el 16 de enero de 2016 la empresa NPG ya estaba descalificada para concursar en las licitaciones de la SCT”, dijo el Osafig.

Esta situación pasó inadvertida por el secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, responsable del proyecto, y por la directora del Sefidec, Haydée Quintero Vázquez, pues a pesar de ello, dictaminaron en favor de la empresa para otorgarle los créditos, refiere el documento.

El Osafig cuestionó el aval y la garantía de la compañía para asegurar el cumplimiento del pago del crédito, donde Pedro Julián Pastor Sáez y Enrique Cosío Sánchez fungieron de aval y deudor solidario, respectivamente.