Por unanimidad de 397 votos de todas las bancadas representadas en la Cámara de Diputados, ayer se aprobó la Ley General de Desaparición Forzada, y se turnó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor el instrumento con el que se pretende dar certeza a las familias en la investigación, persecución y sanción de un delito que, según cifras oficiales, ha dejado más de 30 mil 499 víctimas hasta diciembre de 2016. A esta sesión no se presentaron 103 legisladores.

Durante la presentación de posturas, los partidos políticos resaltaron que después de dos años de discusión finalmente se logra una ley que atiende –argumentaron– el dolor de las familias, y señalaron que la desaparición de mexicanos y ciudadanos de Centro y Sudamérica se cuenta por miles.

Morena y PRD indicaron por separado, que si bien la de-saparición forzada de personas es una práctica instaurada en el país desde la denominada guerra sucia, en los gobiernos de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, se agudizó en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, quien impuso al país su ‘‘guerra’’ contra el crimen organizado.

Desde la tribuna y ante organizaciones de familiares, a quienes la mesa directiva abrió las galerías del recinto parlamentario, la diputada Ernestina Godoy (Morena) describió con precisión por qué México es el único país donde la desaparición forzada es una rutina.

‘‘Esa guerra iniciada por el PAN y Calderón dejó muerte y destrucción. En México se desaparece personas para silenciar periodistas, sembrar terror, tapar la corrupción y eliminar adversarios políticos, acabar con la protesta, apropiarse del patrimonio de personas, terminar con la competencia, reafirmar el machismo, ganancia económica, por disgusto, quedar bien, por despecho, porque son jóvenes o mujeres, por religión, por preferencia sexual, por el color de piel, por las ideas, por su profesión. ¡Por todo! La maldad se ha instalado entre nosotros y todos lo hemos permitido.’’

Los legisladores reconocieron que la respuesta ante ese fenómeno es tardía y si bien los grupos parlamentarios indicaron que la ley es incompleta, era preferible aprobarla como está con objeto de apresurar su puesta en marcha y comenzar a atender el problema.

Armando Luna Canales (PRI), presidente de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, definió que se trata de la ley más importante que aprobará la 63 Legislatura, ‘‘porque su motor es el amor infinito que en ella depositaron quienes, en forma incansable y permanente, buscan a sus seres queridos’’.

Cada artículo de la ley, abundó, lleva una enorme carga de dolor, pero también busca resolver los problemas de las familias y que la historia de México sea sin desaparecidos.

Cristina Gaytán, vocera del Partido de la Revolución Democrática, sostuvo que la ley es una respuesta, aunque tardía, a las miles de víctimas y el reflejo de una lamentable realidad nacional.

‘‘Esta ley, junto con la General contra la Tortura, constituyen reflejos fehacientes de la crisis humanitaria que sufre el país por crímenes de lesa humanidad, en la que agentes del Estado, responsables de protegernos, torturan y desaparecen a niños, mujeres, defensores de derechos humanos, periodistas y a nuestros jóvenes, ¡porque siguen faltando 43!’’, expresó.

Candelaria Ochoa, de MC, indicó a su vez que, desde la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, Rosendo Radilla y ahora los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la desaparición forzada no ha disminuido en México. ‘‘Constituye un abuso de poder porque se borra el principio de presunción de inocencia y se avasallan los derechos humanos y garantías de la víctima’’, concluyó.