La determinación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México ha distraído la atención de cómo se ha endurecido la política migratoria en aquel país. En 2017 ha habido un incremento de 193 por ciento en el número de deportaciones de indocumentados con familia en territorio estadunidense respecto a 2016, indicaron integrantes de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM CA-NA).

Del 22 de enero al 9 de abril, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) arrestaron a 41 mil 318 personas, un promedio de más de 400 personas al día, en comparación con las 30 mil 28 que se detuvieron en el mismo periodo de 2016, según datos oficiales.

Joanna Williams, de la Iniciativa Kino para la Frontera, sostuvo que en el año pasado se habló mucho del muro físico que pretende construir Trump. “Nuestra preocupación en la Red CA-NA –conformada por organizaciones y universidades de México y otros países– está en otras bardas no tan visibles, que nos dividen. Unas separan a las familias”.

Sostuvo que es una realidad que la situación ha empeorado. De enero a septiembre del presente año se tiene registro de que casi se han duplicado los casos de padres e hijos que vivían en Estados Unidos y que se han visto separados por la deportación, resaltó Williams en una conferencia celebrada en la Universidad Iberoamericana.

Arturo González, del Servicio Jesuita para Migrantes, sostuvo que otros muros que no son físicos, pero que sirven también para separar a las personas están en México. Uno de ellos es el del doble discurso del gobierno mexicano: hacia afuera habla de respeto a los derechos humanos, pero adentro vemos una violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes.

Otro muro, enfatizó, serían las políticas de México para contener el tránsito de migrantes de centroamericanos hacia Estados Unidos; uno más, las estaciones migratorias, y otro, la violencia contra los viajeros.

Mariana González, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, llamó a los gobiernos de Centroamérica y México a que asuman su responsabilidad en la protección de viajeros.