Los estados deben intensificar su trabajo para proteger a los niños migrantes de la venta, la trata y otras formas de explotación, afirman dos expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las investigadoras realizaron un estudio conjunto en el que advierten que muchos niños en condición migratoria sufren explotación sexual y laboral ante una inefectiva respuesta de los países de todo el mundo.

Este sector de la población huye de conflictos y desastres, y enfrenta altos riesgos de explotación. Y quienes padecen mayor vulnerabilidad son los menores no acompañados. Ante ello, los estados no cumplen con su deber de protegerlos.

Maud de Boer-Buquicchio y Maria Grazia Giammarinaro, relatoras especiales de la ONU sobre la Venta y Explotación Sexual de Niños y sobre Trata de Personas, respectivamente, presentaron el reporte ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

En el informe concluyen que en el caso de América Central y del Norte se ha identificado a 100 mil niños no acompañados o separados en la frontera entre México y Estados Unidos, que suponen un tercio de menores registrados en el mundo entre 2015 y 2016. Agregan que más de la mitad de ellos ha huido de situaciones de extrema violencia, relacionadas en general con la delincuencia organizada en países como Honduras, Guatemala, México y El Salvador.

“Los estados deben reconocer las necesidades de protección internacional de los niños que huyen de conflictos y crisis (…) En particular, deben garantizar que los menores no acompañados y separados (de sus familia) se identifiquen, se registren y sean canalizados a sistemas de protección de la infancia”, señalan las expertas.

Refieren que las actuales respuestas de los estados ante las diversas formas de explotación que enfrentan los niños que huyen de conflictos y de crisis humanitarias fueron en gran medida ineficaces y condujeron a la precariedad.

En el informe, instan a los estados a adoptar medidas pro activas de protección para los menores afectados por conflictos y crisis, brindándoles soluciones familiares y comunitarias, y con la creación de espacios seguros para ellos.

También aconsejan fortalecer a quienes trabajan con menores migrantes y refugiados, especialmente en zonas de alto flujo, para capacitarlos en los derechos internacionalmente reconocidos de protección, así como en identificar señales de venta, tráfico y otras formas de explotación.

Los estados también deben asegurarse de que puedan reportar fácilmente el abuso sexual y la explotación, y asegurarse de que aquellos sin familiares sean colocados con guardianes capacitados tan pronto como sea posible.