Aunque se reconoció que el homicidio del corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez, fue un hecho grave que atentó contra la libertad de expresión y los derechos humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) reservó el acceso a la carpeta de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso, al estimar que abrir la información podría entorpecer el rumbo de las investigaciones y afectar su desenlace.

Al resolver una solicitud de acceso a la información, donde el peticionario argumentaba que por tratarse de una grave violación a derechos humanos no admitía la reserva, el Inai consideró que ‘‘es la medida adecuada para que el Estado pueda cumplir su obligación con diligencia, sin injerencias externas que puedan entorpecer la eficacia de la indagatoria, en aras de evitar impunidad, privilegiar el derecho de acceso a la justicia y salvaguardar las garantías del debido proceso’’, explicó el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

Grave ataque contra el periodismo: ONU y CIDH

Aseveró que si bien los relatores de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definieron el asesinato de Valdez como ‘‘un grave ataque contra el periodismo y la libertad de expresión en México, y consideraron que la violencia pretende silenciar el valiente trabajo de los periodistas’’, para el caso la apertura informativa no era procedente.

La razón es que no existen elementos objetivos y subjetivos que permitan suponer que transparentar esta información pudiera ser más benéfico para el interés público que mantener el sigilo de la investigación y favorecer las indagatorias.

Si bien la resolución fue aprobada por mayoría de 6 a 1, el comisionado Joel Salas apeló a las objeciones que ha tenido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso de la violencia contra periodistas: ‘‘La falta de diligencias oportunas, la negativa de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión para atraer casos de crímenes contra comunicadores y la ineficacia de las medidas cautelares dictadas en dichos casos, no contribuyen a la protección del derecho a la libertad de expresión’’.

Su postura no generó consenso y se votó en favor de la reserva de la información.