alos augurios para la capital del país, a partir del asesinato del fundador y jefe del cártel metropolitano denominado La Unión Tepito. Francisco Javier Hernández Gómez, apodado Pancho Cayagua, fue ejecutado ayer en una calle de la delegación Gustavo A. Madero, de 10 balazos y luego de una persecución. De mantenerse lo observado en otras latitudes, donde alternadamente conviven y se confrontan diversos grupos del crimen organizado, el exterminio de uno de los líderes no afecta el modelo de negocio, pues el directivo caído es rápidamente sustituido por otro de similar o peor catadura. Aunque, eso sí, los grados de violencia suben, entre venganzas y reacomodos sumamente sangrientos.

El caso de Pancho Cayagua es muy ilustrativo de la inexistencia de un estado de derecho en la capital del país (como en el país entero). Dicho capo había sido acusado de participar en la comisión de dos homicidios en 2005, con un cómplice y a bordo de una motoneta (el que a moto mata, a moto muere). Ampliamente señalado como jefe del narcomenudeo en determinadas zonas de la capital del país, con bases operativas en el populoso barrio bravo de Tepito, e igualmente mencionado como responsable intelectual o material de otras ejecuciones, Hernández Gómez fue capturado 11 años después, en 2016 y, luego de un proceso que duró medio año (de agosto de 2016 a enero de 2017) , fue declarado inocente y puesto en libertad. En 2013 se mencionó a él, y a su hermano Armando, apodado El Ostión Cayagua, de haber estado involucrados en el secuestro y posterior ejecución de 12 jóvenes en un antro del estilo llamado after, el Heaven, de la Zona Rosa.

El caso de Pancho Cayagua ilustra el amasijo de intereses entre el gobierno capitalino, a cargo de Miguel Ángel Mancera y específicamente por medio de los funcionarios que ha colocado en las áreas de la Procuraduría General de justicia y de las jefaturas policiacas locales, y del aparato impartidor de justicia, con magistrados, jueces y funcionarios varios que están prestos, conforme a nuevos procedimientos orales y a viejos entendimientos corruptos, a poner en libertad a los líderes, mandos medios y personal de a pie del amplio ejército delictivo que está desatado en estos tiempos en que la atención de los funcionarios y políticos está puesta en las elecciones de 2018 y en la manera subterránea de financiar las campañas de los bandos a los que pertenecen.

A propósito de financiamiento de origen delictivo a campañas electorales, la Unión Priísta sigue de manifiesto en el caso de Emilio Lozoya Austin, el próspero ex director de Petróleos Mexicanos que ha salido de nueva cuenta al foro mediático y judicial para atajar las versiones de que la campaña presidencial priísta de 2012 habría sido beneficiada por el multifactorial expediente de corrupción conocido como Odebrecht (por el nombre de la firma brasileña que repartió sobornos en varios países para obtener contratos ventajosos).

Tal como lo hizo el pasado 17 de agosto, cuando montó un espectáculo de autoexculpación a la palabra, aprovechando inusuales e irregulares concesiones que le hicieron sus amigos de la Procuraduría General de la República (a cargo del fiscal que es carnal de todos los miembros de esa familia, de esa Unión, Raúl Cervantes Andrade), el mencionado Lozoya Austin salta a la palestra para ampararse contra algo que es el pan nuestro de cada día en el sombrío mundillo judicial: la ausencia de notificación oportuna de los términos de una presunta investigación, el ocultamiento de expedientes, la marrullería burocrática para colocar en indefensión a los presuntos responsables de algún delito.

Casi dos meses atrás, Lozoya se declaró victoriosamente inocente a partir de que su nombre no estaba en ningún renglón de las averiguaciones previas relacionadas con el caso Odebrecht en México (y, ¡a pesar de no estar mencionado, es decir, a pesar de no tener ningún interés jurídico demostrado en el asunto, el amigo procurador Cervantes le permitió revisar un expediente ajeno!). Ahora, el ex coordinador de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto intenta un numerito parecido: que le permitan revisar un expediente en el que es sabido que se le menciona directa y expresamente, para luego desmentir mediáticamente lo que debería mantenerse en un sigiloso procesamiento judicial. La vieja máxima del poder: a los enemigos, justicia; a los amigos (y miembros de la Unión Priísta), justicia, gracia, licencias, selectividad favorecedora e impunidad en todo cuanto sea posible.

El pleito en torno al Partido Acción Nacional se ha llenado de acusaciones fangosas entre las dos partes contendientes. De un lado, los panistas que se quedan en su partido y de una u otra manera se mantienen afines al proyecto del Frente Ciudadano por México y su principal aspirante a candidato presidencial, el sinuoso Ricardo Anaya, y, en otro flanco, una pandilla identificable como los calderonistas, los cuales están mostrando un comportamiento despechado y desquiciado a partir del virtual banderazo de salida que significó la renuncia de oportunidad de Margarita Zavala (porque me obliga la ley, fue la confesión del móvil real de esa salida: renunciar en cierta fecha porque unos días después fenecería el plazo para el registro de candidaturas independientes).

Supuestos representantes populares y no sólo de facciones en pugna cuasi adolescente, consumidores voraces de recursos públicos que deberían producir hechos positivos para la comunidad y no sólo desahogos electoreros, los senadores panistas que ridículamente se autodenominan rebeldes (Cordero, Lozano, Gil Zuarth y Lavalle, entre otros) están dedicados a hacer daño al que formalmente aún es su partido, aunque desde ahora algunos de ellos anuncian su predisposición a optar por un voto útil en favor del probable candidato ciudadano priísta, de textura empanizada, José Antonio Meade, o de la propia Margarita Zavala, si ella alcanzase un nivel competitivo aceptable. ¡Hasta mañana!

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