Brasilia.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil congeló este miércoles los bienes de la destituida mandataria Dilma Rousseff (2011-2016) por su presunta responsabilidad en la compra irregular de una refinería en Pasadena, Texas, para la estatal Petroleo Brasileiro (Petrobras).

De acuerdo con la resolución, la adquisición, realizada en 2006, provocó un perjuicio de 580 millones de dólares a la petrolera brasileña, con el argumento de que esos gestores adoptaron criterios antieconómicos para definir el precio de la empresa estadunidense.

Cuando se realizó la compra Rousseff era ministra de la Casa Civil, en el gobierno del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y presidía al mismo tiempo el Consejo de Administración de Petrobras. El año pasado fue sometida a juicio político y destituida por el Congreso debido a una serie de irregularidades administrativas en el área fiscal.

El bloqueo, aprobado por el plenario del TCU y con validez de un año, alcanza también los bienes del ex ministro Antonio Palocci, de Hacienda; José Sergio Gabrielli, ex presidente de Petrobras, y a otros miembros del Consejo de Administración de la petrolera estatal.

Los afectados podrán recurrir la decisión, la cual tiene efecto inmediato, pero sólo será aplicada cuando el tribunal reciba completas las listas de bienes de cada uno.

En 2014, cuando se reveló el escándalo, la ex mandataria afirmó que los directores responsables del acuerdo le habían entregado información incompleta.

El caso siempre estuvo bajo sospecha porque Petrobras compró 50 por ciento de la refinería con 360 millones de dólares, un valor superior a los 42.5 millones de dólares que pagó el año anterior la empresa belga Astra Oil por su planta completa.

En este contexto, el legislador Bonifacio de Andrada, nombrado para estudiar una acusación contra el presidente Michel Temer por presuntamente encabezar una organización criminal, recomendó a una comisión de la Cámara de Diputados no llevar a juicio al mandatario debido a que las investigaciones no ofrecen evidencias suficientes.

El mes pasado, el entonces fiscal general Rodrigo Janot presentó una denuncia en la que acusó al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, al que pertenece Temer, de recibir casi 190 millones de dólares en sobornos.