En comisiones, el Senado analiza una iniciativa que presentó el PRI para expedir una ley de protección a los mexicanos en el exterior y en retorno al país. Propone la creación de una oficina especial.

El grupo parlamentario de ese partido detalla que aunque hay acciones y programas en la materia, no se ha establecido un órgano que coordine las medidas para proteger los derechos y las políticas para facilitar el retorno de connacionales.

La propuesta fue presentada por un grupo de senadoras, entre ellas, Cristina Díaz, Diva Gastélum, Hilda Flores, Lilia Merodio e Itzel Ríos. Detallan que en el más reciente reporte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), de 2015, se informa que había alrededor de 12 millones de mexicanos que residen en el extranjero.

De ese total, 11 millones 885 mil 667 se ubicaban en el continente americano, donde Estados Unidos ocupa el primer lugar, con 11 millones 714 mil 500 mexicanos; 106 mil 124 connacionales habitan en Europa; 12 mil 496 en el continente asiático; 3 mil 996 en Oceanía, y mil 28 en el continente africano.

El perfil ocupacional de los connacionales es: 30 por ciento, profesionistas; 27 por ciento, estudiantes; 14 por ciento, amas de casa; 11 por ciento, empleados; 3 por ciento, misioneros, y 15 por ciento se dedica a trabajos de diversa índole.

Las senadoras destacan que aunque en 2003 se creó el IME, cuyo objetivo es promover estrategias; integrar programas; recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, de sus miembros, sus organizaciones y órganos consultivos, tendientes a elevar el nivel de vida de las comunidades nacionales en otros países, debemos hacer de la protección de los derechos de los migrantes una verdadera política de Estado, en donde todos los sectores gubernamentales se sumen y se integren a ésta.

Proponen que se reconozca constitucionalmente el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable el cambio de residencia fuera del territorio nacional, con lo que se reconoce el derecho de todo mexicano a emigrar.

Asimismo, plantean que constitucionalmente se establezca la obligación que tiene el Estado de proteger y promover los derechos de los mexicanos residentes en otros países; de igual forma, que en la Carta Magna se precise que el gobierno de México tendrá como una de sus prioridades hacer una política de Estado el retorno a territorio nacional de sus ciudadanos en el extranjero.