La Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) capitalina llamó a las autoridades locales y federales a atender las observaciones del Comité de Naciones Unidas para proteger los derechos de los migrantes y de sus familias, así como de quienes defienden sus derechos en México, para lo que es necesario una evaluación periódica y asegurar la participación de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y autoridades de todos los niveles de gobierno.

El comité, señaló, tiene conocimiento de la vulneración de los derechos de las personas migrantes, específicamente en materia de igualdad y no discriminación, trabajo, salud, libertad y educación, así como a no sufrir desaparición forzada, acceso a la justicia y reparación efectiva para las víctimas.

Los altos niveles de violencia basada en el género; la detención y expulsión de niñas, niños y adolescentes de Estados Unidos, muchos de ellos no acompañados; las irregularidades en las investigaciones de las masacres de San Fernando y Cadereyta, y los reiterados señalamientos de la participación de autoridades públicasen muchos ilícitos, son preocupantes, afirmó.

A ello, dijo, se suma la impunidad y bajos niveles de denuncia y la vulneración de derechos humanos de los defensores de los migrantes por el crimen organizado y redes de tráfico de personas, incluso en connivencia con autoridades y empresas privadas que gestionan acciones de control migratorio.

Por ello, recomendó la ratificación de instrumentos internacionales en la materia, así como la armonización legislativa nacional, estatal y municipal de todas las disposiciones de la ley migratoria y su reglamento.

Asimismo, que se implementen medidas para garantizar los derechos de todas las trabajadoras migrantes y se apliquen medidas de prevención y sanción ante la criminalización de las personas que migran en mensajes de diferentes actores sociales y políticos.

De igual manera, la perspectiva de género y la implementación de un procedimiento interinstitucional de determinación del interés superior del niño, que asegure las debidas garantías procesales, incluyendo el derecho a la información y asistencia jurídica gratuita por profesionales especializados en derechos, son otras de sus recomendaciones, indicó.