A través de una red de corrupción en la que habrían participado empresarios y ex funcionarios públicos locales, Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, se benefició en 2007 de la adquisición irregular de mil 600 hectáreas en el puerto de Altamira, por las cuales se pagaron 14 millones de pesos, cuando su valor real era de 880 millones, estableció la Fiscalía Anticorrupción de esa entidad, motivo por el cual el ex mandatario fue detenido en Ciudad Victoria y puesto a disposición de un juez local acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hernández Flores fue detenido a las 9 horas cuando se preparaba para participar en una rodada de motociclistas que acudirían a Zacatecas a una convención, y de inmediato agentes ministeriales lo llevaron al Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria.

La acusación en su contra se sustenta en una investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que reactivó una averiguación previa iniciada en 2004 y que se mantuvo inactiva desde entonces, pero en la que ya se denunciaba la venta ilegal de terrenos a la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo, SA de CV, propiedad de Fernando Cano, quien ha sido señalado como prestanombres de los ex gobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, el primero actualmente se encuentra detenido en Italia para que enfrente acusaciones en México y Estados Unidos por actos de corrupción, lavado de dinero y vínculos con los cárteles del Golfo y Los Zetas.

El origen de las acusaciones

Los antecedentes del caso refieren que los terrenos fueron expropiados por el gobierno federal en 1981 para accesos y otras construcciones en el puerto de Altamira, y en 1994 la Federación, a través de un decreto, los transfirió en donación al gobierno del estado por medio de la Empresa Canal Intracostero Tamaulipeco, SA, constituida por el entonces gobernador Manuel Cavazos Lerma.

El Canal Intracostero era un proyecto del entonces gobernador Manuel Cavazos Lerma, con el cual se pretendía unir Tamaulipas y Texas por vía pluvial de 438 kilómetros. La obra consistía en construir un canal de doble circulación que uniría el río Bravo, desde Matamoros hasta el río Pánuco, en el municipio de Madero, y facilitaría el intercambio de mercancías con Texas, Estados Unidos.

En la investigación, realizada por el organismo que dirige Javier Castro Ormaechea, se menciona que en 2001 el entonces gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba impulsó que se constituyera el Fideicomiso Nuevo Santander, para fomentar el desarrollo industrial del estado, y bajo ese esquema varias propiedades del patrimonio estatal, como las del puerto de Altamira, se transfirieron a dicho fondo para su administración.

En 2002, Tomás Yarrington impulsó que el Congreso del estado entregara las mil 600 hectáreas al fideicomiso, y un mes después y luego de publicarse el decreto en el periódico oficial de Tamaulipas, dicho fondo vendió las hectáreas a Cano Martínez a un precio de 87 centavos el metro cuadrado, lo que hizo iun total de 14 millones de pesos, cuando el valor real en ese año era de 866 millones de pesos.

Cinco años después, en 2007, la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo, SA de CV, propiedad de Fernando Cano, realizó una operación de venta de los terrenos a GMC SA de CV, de Altamira, propiedad de Alberto Berlanga Bolado, a un valor de 16 millones de pesos, cuando el precio real en ese tiempo era de mil 54 millones de pesos.

Yarrington Ruvalcaba, al desincorporar las mil 600 hectáreas del fideicomiso y venderlas a su prestanombres, Fernando Cano Martínez, incurrió en el delito de peculado, refieren las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas.

Funcionarios locales señalaron que Hernández Flores utilizó a los empresarios Alberto Berlanga Bolado (secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano durante su gubernatura), y fue socio con Fernando Cano Martínez en una de sus empresas constructoras.

Durante las administraciones de Yarrington Ruvalcaba (1999-2004) y de Hernández Flores (2005-2010) las empresas de Fernando Cano y de Alberto Berlanga se convirtieron en las favoritas para la realización de obras y obtuvieron contratos millonarios para realizar obras públicas.

El gobierno de Estados Unidos solicitó en 2016 una orden de aprehensión en contra de Cano Martínez y Alberto Berlanga, para que sea enjuiciados en uno de los procesos que se siguen en contra de Tomás Yarrington.

Más tarde, Hernández Flores rindió su declaración preparatoria en el juzgado segundo de primera instancia de lo penal, que se localiza en el centro de ejecuciones y sanciones.

El ex gobernador negó los cargos que se presentaron en su contra, y sus abogados, Jorge Olvera y Blanca Nely Riestra, solicitaron ampliar el término constitucional a 72 o 142 horas para definir la situación jurídica de su cliente y analizar las causas de las acusaciones en su contra.

Los defensores Olvera y Riestra manifestaron a la prensa que el ex gobernador no contaba con un amparo para evitar ser detenido.

El caso contra Eugenio Hernández involucra a su antecesor Tomás Yarrington y sus prestanombres Fernando Cano y Alberto Berlanga Bolado.

Las acusaciones de la fiscalía anticorrupción de Tamaulipas abarcan a todos los participantes en la compra-venta ilegal de mil 600 hectáreas y el juzgado segundo en materia penal otorgó las órdenes judiciales contra Yarrington, quien está detenido en Italia.