Madrid.

Los dos principales bancos catalanes, Sabadell y CaixaBank, decidieron este jueves adoptar medidas extraordinarias ante una eventual declaración de independencia de Cataluña que, en teoría, les dejaría fuera del manto protector del Banco Central Europeo (BCE). En tanto, el Tribunal Constitucional suspendió la convocatoria a la sesión del próximo lunes en el Parlamento catalán, en la que se tiene previsto declarar la independencia.

En el caso del Sabadell, este jueves celebró un consejo extraordinario para trasladar su sede a la ciudad de Alicante, mientras el segundo banco tiene previsto llevar a cabo este viernes un consejo para votar su cambio de domicilio social a Palma de Mallorca.

El gobierno español, encabezado por Mariano Rajoy, anunció que aprobará de manera exprés un decreto de ley para facilitar la salida de corporaciones y empresas, ante el proceso secesionista.

Si se cumple el calendario fijado por los partidos independentistas y finalmente logran sortear las impugnaciones y suspensiones cautelares de los tribunales españoles, el próximo 9 de octubre el Parlamento catalán y el gobierno de la Generalitat, presidido por Carles Puigdemont, decretarán la independencia de Cataluña.

Esa histórica declaración supondrá la desconexión de las instituciones catalanas del Estado español y, por tanto, también de la Unión Europea (UE). El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, advirtió que una Cataluña independiente no sería miembro de la UE, que sólo reconoce como Estado miembro a España.

El temor de Banco Sabadell, CaixaBank y otras grandes empresas financieras y de seguros, como Catalana Occidente –que también ya analiza su cambio–, se debe a que si se declara la independencia los bancos con sede social en territorio catalán perderían el acceso a los recursos del BCE, lo que supondría para sus clientes y operaciones perder automáticamente la garantía de depósitos, al estar fuera de la red de seguridad de la UE, además de las consecuencias en las tazas de interés de los créditos.

La decisión adoptada por el banco Sabadell se traduce en que Cataluña dejaría de tener bancos con sede social en la región, además de tratarse de dos entidades financieras que tienen algo más de 50 por ciento de la cuota de mercado en esa área. El resto lo tienen controlado el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Banco Santander.

El cambio de sede social no representa la desaparición de los bancos en Cataluña, sino que sus responsabilidades tributarias y los principales órganos reguladores toman sus principales decisiones ahí.

De hecho, CaixaBank, el banco con más tradición y más volumen de negocio de Cataluña, decidirá su cambio a Palma de Mallorca, si bien trascendió que al interior del consejo hay división de opiniones, los informes técnicos y el temor a una fuga de depósitos de clientes atemorizados se está imponiendo frente a los que se resisten a adoptar una decisión extrema.

El mero anuncio de su traslado tuvo consecuencias inmediatas en ambos bancos: una fuerte subida de su valor bursátil en la Bolsa, después de la drástica caída del pasado miércoles.

En una situación similar se encuentra la aseguradora más importante de la región, Catalana Occidente, que se plantea cambiar su sede que actualmente está en la localidad barcelonesa de Sant Cugat. En un comunicado explicó: Hemos vivido a lo largo de nuestra trayectoria situaciones diversas y muy complejas. Vamos a estar muy atentos a todos los acontecimientos y en función de cómo se desenvuelvan los hechos tomaremos de forma ágil las decisiones que sean oportunas para preservar los intereses de nuestros clientes, trabajadores, mediadores y accionistas.

El banco Sabadell celebró ayer una junta extraordinaria de consejo en la cual decidió trasladar su sede a la ciudad de AlicanteFoto Afp

Mientras, en Madrid, el Tribunal Constitucional decidió suspender de forma cautelar la convocatoria a la sesión del próximo lunes en el Parlamento catalán, en el que las formaciones independentistas tienen previsto entregar el informe oficial con los resultados del referendo de autodeterminación del pasado domingo y declarar la independencia.

El Partido Socialista de Cataluña, que es contrario a la secesión y se opuso frontalmente a la celebración del referendo, presentó un recurso ante el tribunal para solicitar la suspensión cautelar de la sesión parlamentaria, al menos hasta que estudie a fondo la situación.

Un procedimiento similar al que utilizó la Fiscalía General de Estado para suspender las dos leyes que se aprobaron en el Congreso catalán los pasados 6 y 7 de septiembre para acompañar el proceso de secesión: la ley del referendo y la ley de transitoriedad o de desconexión. Que también se encuentran en suspensión cautelar por el máximo tribunal, pero que las autoridades catalanas y los parlamentarios independentistas consideran que siguen en vigor.

El auto judicial sostiene: estamos ante una situación excepcional, y por tanto, decidió admitir a trámite y suspender la convocatoria a la sesión.

Además, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, señaló en entrevista con la agencia Efe, que el conflicto abierto en Cataluña podría tener males mayores si las autoridades catalanas no ceden en sus intenciones de separación, por lo que les exigió “suprimir a la mayor brevedad posible su proyecto de hacer una declaración unilateral de independencia.

¿Tiene una solución? Sí, y la mejor es el pronto regreso a la legalidad y la afirmación a la mayor brevedad posible de que no va a haber una declaración unilateral de independencia, porque con eso además se evitarán males mayores, indicó Rajoy.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, advirtió que ante una eventual declaración de independencia son las fuerzas armadas las que tienen la misión de garantizar la soberanía y defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Por último, en un gesto inusual, la Real Academia Española (RAE), que suele tratar exclusivamente asuntos del idioma, emitió un comunicado en el que señaló: Ante los graves acontecimientos que amenazan la convivencia pacífica en España, la RAE, institución tricentenaria de nuestra sociedad civil, quiere manifestar públicamente su apoyo a la Constitución de 1978. En consecuencia, demanda al gobierno y a los líderes políticos y sociales, que defiendan, por cuantos medios legales tengan a su alcance, la democracia y las libertades de los ciudadanos, frente al intento secesionista que amenaza la integridad territorial del Estado.