El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción solicitó formalmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un nuevo paquete de información sobre las dependencias publicas federales que hayan celebrado contratos de asignación directa mediante mecanismos irregulares a empresas que resultaron ser fachada, mismas que también requiere sean detalladas.

La presidenta del CPC, Jaqueline Peschard, detalló que es la segunda petición formal que se realiza al SAT sobre esquemas que en su momento fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde la cuenta pública de 2011. Aunque no hay información oficial, algunas estimaciones reportan que al menos 30 mil millones de pesos podrían estar involucrados en estos esquemas que han favorecido los presuntos desvíos y una falta de rendición de cuentas.

Peschard señaló que al tener claras las instancias involucradas y al conocer a detalle los mecanismos para el desvío de recursos públicos, el CPC podría, en uso de sus facultades, impulsar políticas públicas que atajen estas actuaciones irregulares y, promover modificaciones a las leyes de adquisiciones para regular con mayor severidad los procesos de subcontratación.

No es ilegal la subcontratación, pero se ha hecho para acotar la transparencia y evadir la rendición de cuentas favoreciendo el desvío de recursos públicos. Destacó que en su momento la ASF ubicó estas triangulaciones entre la Secretaría de Desarrollo Social y algunas universidades públicas, por lo que promovió denuncias penales ante la PGR en 2013.

Las peticiones del CPC al SAT sobre el uso de empresas fachada en contratos de gobierno se relacionan con el sector salud, comunicaciones y transportes, desarrollo social y Petróleos Mexicanos.