El PRI pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que invalide el convenio por el cual se crea el Frente Ciudadano por México, integrado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

La representante priísta ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Pastor, alegó en su impugnación que dicho convenio tuvo una modificación sustancial sin la autorización de los órganos competentes.

Esto, porque el día de la sesión del Consejo General del INE, el representante del PAN, Eduardo Aguilar, pidió cambiar la cláusula sexta, referente al financiamiento del frente, sin “acreditar que la misma hubiera sido aprobada por los órganos internos competentes de cada uno de los institutos políticos, conforme a sus normas estatutarias.

Dada la ilegalidad, el convenio presentado por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano para constituir el denominado Frente Ciudadano por México procede su revocación lisa y llana, indica el escrito presentado por el tricolor.

El otro motivo de inconformidad de los priístas es que sus adversarios hayan formado un frente político en medio de un proceso electoral.

Señalan que el INE incumplió las normas que regulan las distintas formas de asociación de los partidos, porque dicha figura no puede coincidir en un proceso electoral y, en todo caso, debió constituirse una coalición.

Acusó a sus adversarios de cometer fraude a la ley con la clara intención de aprovechar los tiempos en radio y televisión que corresponden a los institutos políticos, para que en lugar de difundir propaganda genérica para dar a conocer sus actividades ordinarias permanentes o para lograr la incorporación de sus adeptos, se haga un posicionamiento electoral de los integrantes de dicho frente de cara a los procesos electorales federales y locales.

También se inconformó con la decisión del INE de administrar los tiempos en radio y televisión que cedieron organismos electorales y partidos políticos para la difusión de campañas dirigidas a atender la emergencia provocada por los recientes sismos.

Demandó que dichos tiempos sean administrados por la Secretaría de Gobernación, con el argumento de que la dependencia puede pautar los mensajes más rápido que el instituto electoral, el cual puede hacerlo en un plazo de siete días.

Varios partidos opositores al PRI rechazaron que Gobernación pautara dicha propaganda, con el temor de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la usara con fines comiciales, lo cual fue aprobado por la mayoría de consejeros.