La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó tres denuncias penales contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) al detectar presuntas irregularidades en la instrumentación del programa Opciones Productivas, por un monto de 58 millones 135 mil pesos, relacionados con la cuenta pública de 2015.

Entre las inconsistencias detectadas por este órgano destacan la canalización de recursos a beneficiarios por más de 40 millones de pesos, sin que esta partida haya sido destinada a los objetivos definidos en el programa social.

Estas tres nuevas denuncias se añaden a las nueve que en su momento promovió la ASF contra la Sedesol y un conjunto de universidades públicas que realizaron triangulaciones irregulares, en las que hubo contratos con empresas sin la capacidad técnica, mediante asignaciones directas efectuadas por las instituciones de educación superior a las que la dependencia les había asignado contratos.

En la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF detectó que en la asignación de la partida al estado de Chiapas, por un monto de 81.9 millones de pesos mediante el programa Opciones Productivas, rubro de subsidios a la producción, se reportó la entrega del apoyo a los beneficiarios. Sin embargo, al revisar el ejercicio del recurso, la ASF detectó que no se encontraron en los estados de cuenta bancarios pólizas de cheque por 40.1 millones de pesos.

La ASF consideró que hay debilidades en los mecanismos de control de la Sedesol para asegurar el destino final de los recursos, por lo que identificó un presunto daño patrimonial de 40.1 millones de pesos.

Otro de los rubros en la ejecución del programa referido se relaciona con la actuación de los Comités de Validación estatal, el cual reportó la aprobación de 4 mil 86 proyectos que serían respaldados con los recursos del programa; sin embargo, de la revisión de la ejecución de los mismos, la ASF detectó que en los hechos fueron 4 mil 134 proyectos los que se beneficiaron con recursos.

De lo anterior, la auditoría federal ubicó que en los 48 proyectos validados, pero que no se ejecutaron, se registró un posible daño patrimonial para la dependencia por 8.1 millones de pesos pues no se contó con la evidencia de que se hubiesen evaluado y dictaminado.

Mas adelante, en otras irregularidades menores, la ASF advierte la falta de control en la dispersión de los recursos ministrados a las delegaciones de la propia Sedesol, pues en la cuenta pública de 2015, rubro de cuentas por liquidar certificadas, se registraron inconsistencias en la operación que afectaron los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000, por lo que solicita a la dependencia fortalecer mecanismos de control en esta etapa de la ejecución de los programas.

Finalmente, en la auditoría realizada al programa, la ASF ubicó que la Sedesol no tuvo control sobre los reportes de los beneficiarios respecto a los recursos federales que recibieron durante 2015.