El lunes, Mónica García Villegas, propietaria y directora del colegio Enrique Rébsamen, deberá acudir a la procuraduría capitalina para responder sobre el uso de documentos falsos que denunció el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para construir su departamento en la azotea del plantel y que pudo ser la causa que provocó el colapso del edificio, donde murieron 26 personas.

Se trata de una de las tres investigaciones abiertas en su contra, luego del derrumbe del inmueble durante el sismo del 19 de septiembre –en el que murieron 19 niños y siete adultos–; una de ellas por la denuncia interpuesta por un ciudadano.

La otra la presentó el jueves la jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, luego de analizar los expedientes jurídicos que registran que el edificio tenía daño estructural provocado por una demolición en 2014 y el uso de documentos falsos en el uso de suelo.

Tras los primeros días de ocurrida la tragedia hubo comunicación entre padres de familia y las autoridades del colegio, para saber cómo se organizarían y proseguir con el ciclo escolar. Se mencionó, señalaron algunas madres, que se instalarían aulas provisionales, que tendrían apoyo de otras escuelas y se continuaría pagando colegiatura, pero ya no se ha dicho nada.

Se acordó una reunión para el jueves pasado, pero se cambió para este domingo; nunca se fijó hora y estamos pensando que no se va a realizar, porque con nadie se han comunicado, comentó una de las madres.

Suponen que por las acusaciones contra la directora ya no tendrán información de lo que pasará.

Abren 118 averiguaciones

En tanto, el número de denuncias por hechos relacionados con el sismo sigue aumentando, al grado que la procuraduría capitalina tiene abiertas 118 averiguaciones por irregularidades en construcciones colapsadas o dañadas.

Los delitos que se investigan son fraude, cambio de uso de suelo, homicidio culposo y contra la culpabilidad que pudieran tener directores responsables de obra y corresponsables en seguridad estructural en casos de derrumbes y daños en edificios.

Ayer, organizaciones campesinas y promotoras de vivienda interpusieron una denuncia ante la procuraduría en contra de quien resulte responsable por los inmuebles colapsados tras el sismo del pasado 19 de septiembre en la capital.

Consideraron que hay responsabilidad de las inmobiliarias, pero también omisión de las autoridades, por lo que debe investigarse a fondo para deslindar responsabilidades en cada caso.

Gabriel Galicia, de la Asamblea de Barrios, indicó que hay inmuebles dañados desde 1985, cuyos habitantes ahora están en campamentos por el riesgo que representan las viviendas, pero no hay un programa emergente para ellos.