n un entorno de angustia, dolor e indignación, motivados por los temblores recientes, aparece otra vez el drama de las costureras refundidas en los tugurios del centro de Ciudad de México. Otra vez víctimas, no sólo de construcciones con vicios ocultos, sino también de la indefensión y el abandono laboral que se refleja en la falta de seguridad en los centros del trabajo. El reclamo debería ser función de los gremios de este sector. Lamentablemente no existen, y los que aparecen en el papel, se mantienen al servicio incondicional de los empresarios. Se trata de una suma de complicidades que caracterizan la realidad laboral de millones de trabajadores en nuestro país, que debería formar parte de la agenda tanto de la sociedad civil como de las organizaciones que luchan por la justicia en nuestro país.
En Ottawa, Canadá, concluyó la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Continuarán en Washington del 11 al 15 de octubre próximo. Su pretensión, según los negociadores, es terminar a fines de enero de 2018. A cuenta gotas se va filtrando la información sobre los avances. Uno de los temas abordados, que por cierto no aparecen en las declaraciones conjuntas y que ha generado un mayor interés en la población de los tres países es el tema laboral, el cual se negocia, con extrema discreción.
En el renglón laboral el problema es México. Existe la evidencia de que, con sus bajos salarios, la ausencia de fiscalización por parte del Estado a las empresas en el cumplimiento de las normas de trabajo, y la existencia de sindicatos –salvo excepciones– controlados por los empresarios, se genera un subsidio injusto en favor de las empresas que lesiona a sus competidores. Se agrega también el hecho de que la representación mexicana ha perdido credibilidad porque suele acudir al viejo recurso de ocultar la realidad y sustituirla con simulación.
La realidad mexicana se conoce en EU y Canadá, por la propia experiencia en la aplicación del Acuerdo de Colaboración Laboral de América del Norte (ACLAN), y también por hechos más recientes:
1) La resistencia del gobierno mexicano a incrementar el salario mínimo general y profesional. Hace tres meses, a pesar de que buena parte de los empresarios, aunque parezca increíble, exigían un aumento a los mínimos para fortalecer el mercado interno, el gobierno acudió a toda clase de argucias para diferir el incremento hasta el próximo mes de noviembre.
2) El engaño a la comunidad internacional por parte del Presidente de la República al haberse comprometido a firmar y asumir el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a un tema crucial, a la obligación de impulsar la contratación colectiva auténtica sin la intervención empresarial. Al mismo tiempo que el Presidente signaba este convenio, en diciembre de 2015, daba instrucciones a la representación de su partido en el Senado para bloquear la ratificación que se requiere para que entre en vigor.
3) En abril de 2016, el Presidente anuncia una magna reforma constitucional en la que propone un nuevo régimen laboral sustentado en el respeto al estado de derecho, acabando así con la figura de control tripartito que ha sido una fuente importante de la ineficacia en la impartición de la justicia laboral. Hoy, aparentemente se pretende volver al mismo vicio al otorgar un carácter tripartito al nuevo organismo nacional, supuestamente autónomo, encargado del registro de sindicatos y de contratos colectivos en todo el país.
Las exigencias de los sindicatos canadienses y estadunidenses consistentes en que México modifique en los hechos la realidad laboral para acceder a la negociación del TLCAN, es justa. No están reclamando que los salarios, actualmente de uno a 10, se homologuen, sino que nuestro país cumpla con su propia legislación y en consecuencia, mejore el salario mínimo general y profesional e inicie un proceso gradual de recuperación en el resto de los salarios. Plantean que para lograrlo, debe ser una realidad en nuestro país los sindicatos libres y democráticos y la contratación colectiva decente, porque ello permitiría que el precio del valor del trabajo sea motivo de una negociación entre trabajadores y patrones, y no como lo impone el gobierno, una política artificial para sostener su cada vez más criticada economía, sustentada en ofrecer en el mercado internacional mano de obra barata y controlada.
Es obvio que a nuestros vecinos sindicalistas les preocupa la pérdida de empleos en sus países, aunque ello dependa cada vez mas de otros factores, como la automatización creciente, sin embargo, resulta razonable la exigencia de que en los tres países el trabajo se compense adecuadamente y que exista cierto equilibrio entre los intereses privados y el de la población mayoritariamente trabajadora. Para lograrlo, debería fortalecerse el diálogo trinacional entre los sindicatos y la sociedad civil y política. Esto es especialmente importante para México, pues no serán las centrales oficiales las que lo promuevan, sino por lo contrario, las que se opongan, pues de por medio están las condiciones de privilegio que gozan los líderes.
Un elemento clave para conocer la voluntad política del gobierno será el contenido del paquete de reformas reglamentarias a la constitucional, en materia laboral. Veremos si se cumple la amenaza de regresar al tripartismo y si se garantiza el voto secreto y libre, especialmente antes de la firma de los contratos colectivos. En conclusión, se verificará si el gobierno de Peña Nieto es congruente con la reforma constitucional y se mantiene el carácter innovador de la propuesta, o si se trata de darle la vuelta a la democracia y la modernidad y se insiste en más de lo mismo.
