Mexicali, BC.

El Congreso local sacó de la orden del día el dictamen 95 referente a la contratación de una deuda pública a pagar en los próximos 37 años para la construcción de dos plantas desalinizadoras y una red de drenaje, mediante tres contratos de asociación pública y privada, luego de que opositores al proyecto advirtieron que boicotearían la sesión de este viernes.

Los movimientos Mexicali Resiste, Baja California Resiste y Mexicali Consciente convocaron a manifestarse en las instalaciones del Congreso, este viernes, para rechazar los contratos, por ser un endeudamiento público, que representan el empobrecimiento del pueblo y la privatización del servicio de agua para consumo doméstico, dijo León Fierro, uno de los voceros.

El dictamen 95 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del estado representa la modificación a los artículos 2, 6 y 23 del decreto número 57, publicado el 30 de diciembre de 2016 en el Periódico Oficial del estado, el cual fue aprobado por la mayoría panista del Congreso con los votos de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la diputada del Partido de la Revolución Democratica (PRD) y el de Movimiento Ciudadano (MC).

El principal proyecto de este decreto contiene la autorización de recursos por más de 9 mil millones de pesos, en su primera fase, para la construcción de la planta desalado- ra de Playas de Rosarito, destinada al consumo humano de esa localidad y la de Tijuana, así como para el mercado de San Diego, California.

La otra desalinizadora es la de San Quintín, que tendrá una inversión de 900 millones de pesos para consumo humano y agrícola de esa zona ubicada en el sur de Ensenada.

El presidente del Congreso, Benjamín Gómez, sostuvo una reunión con representantes de las agrupaciones civiles para anunciarles que la Junta de Coordinación Política decidió sacar de la agenda los dictámenes referidos, que serán revisados entre los ocho grupos parlamentarios para que estén acordes con la realidad de la entidad.

En la sesión de este viernes, el grupo parlamentario del PAN y sus aliados del PRD y de MC pretendía aprobar las modificaciones al decreto 57 sobre la procedencia de recursos.