Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a los estados integrantes del organismo derogar las leyes que penalizan y restringen indebidamente el aborto.

En víspera del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, los especialistas llamaron también a eliminar las políticas basadas en estereotipos anticuados, a liberar a las mujeres que se encuentren en prisión por interrupción del embarazo y a contrarrestar los estigmas contra esta práctica.

La posibilidad de las mujeres para tomar decisiones libres para ellas y sus familias no debe ser un privilegio reservado a las que tienen recursos, debe ser un derecho de cada una de ellas y cada niña en todo el mundo. Lo mismo sucede con el acceso a la salud y a la no discriminación.

El pronunciamiento es firmado por Kamala Chandrakirana, presidenta del grupo de trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica; Dubravka Šimonovic, relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, y Dainius Púras, responsable del Derecho de toda Persona al Disfrute del más Alto Nivel Posible de Salud Física y Mental.

Llamaron a que el 28 de septiembre se convierta en un día oficial de la ONU sobre el aborto seguro en el mundo, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos para alentar a los gobiernos a discriminalizar el aborto y proporcionar servicios de salud reproductiva de manera legal, segura y asequible.

Indicaron que demasiadas mujeres sufren leyes discriminatorias que restringen su acceso a una atención médica adecuada y limitan sus habilidades para tomar las mejores decisiones para ellas y sus familias.

Para conmemorar este día, instamos a todos los estados a que pongan fin a la criminalización del aborto y aseguren que todas las mujeres puedan acceder a los servicios de salud necesarios, incluida la atención sexual y reproductiva de manera segura, en consonancia con sus derechos humanos.

Los expertos apremiaron a los países del orbe a garantizar que sus leyes, políticas y prácticas se basen en sus obligaciones en materia de derechos humanos y en el reconocimiento de la dignidad y la autonomía de las mujeres.

Actualmente, hay muchos factores que contribuyen a que a las mujeres les sean negados los servicios esenciales de salud para la interrupción del embarazo y la atención posterior al aborto. Éstos incluyen la criminalización, la reducción de ladisponibilidad de servicios, la estigmatización, la disuasión y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud. Estos factores empujan a millones de mujeres a procedimientos inseguros y las dejan sin tratamiento esencial para su recuperación.

Enfatizaron que negarles el acceso a la atención médica necesaria es inherentemente discriminatorio y constituye una violación de sus derechos humanos.