Representantes de organizaciones civiles solicitaron intervenir en el proceso legislativo para elaborar el dictamen de reforma constitucional, con el fin de impedir el pase automático de procurador a fiscal general.

En reunión con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Guadalupe Acosta Naranjo, los representantes de las agrupaciones sociales expusieron que de 1917 a la fecha existe un registro de 39 procuradores, lo que arroja un promedio de 2 años y medio por cada uno en ese cargo.

Incluso en los cuatro sexenios recientes el promedio se redujo a año y medio, pues sólo cuatro procuradores cumplieron con el encargo de 6 años en el periodo.

Propusieron una metodología de selección del nuevo fiscal que implique audiencias públicas, foros e intercambio de puntos de vista, y así se decante una propuesta de reforma constitucional avalada y el consenso de todas las fracciones y organizaciones sociales.

Por su parte, Acosta Naranjo reiteró que el dictamen alterno que presentaron las organizaciones formará parte del proceso legislativo en marcha. Les dijo que la propuesta de Parlamento Abierto será discutida en el pleno de la Comisión.

También ofreció a las organizaciones ciudadanas hacer llegar a todos los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales el proyecto alterno de dictamen que presentaron al Congreso de la Unión en torno a la reorganización de la Fiscalía General, a fin de conocer su opinión y ofrecerles una respuesta unificada al respecto.

En una reunión que este órgano de trabajo sostuvo ayer con representantes de los colectivos ciudadanos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más, el legislador reiteró que las propuestas que han presentado tanto a la Cámara de Senadores como de Diputados han sido adoptadas como uno de los materiales que serán analizados para la elaboración del dictamen.

Los representantes ciudadanos demandaron la instalación del método de Parlamento Abierto, a través del cual se discuta el tema de la fiscalía general, que ayude a generar un documento de consenso entre las organizaciones civiles y legisladores, como se ha trabajado en otras reformas y leyes hoy vigentes, como el caso del Sistema Nacional Anticorrupción.