El multimillonario gasto de México para atender la emergencia y la reconstrucción de daños por fenómenos naturales es imparable. Hasta ahora, el año más costoso del que se tenga registro es 2010, cuando los estragos de huracanes e inundaciones, principalmente, obligaron a gastar 92 mil millones de pesos para la reconstrucción.

Este miércoles, el gobierno federal dijo que el país requiere de por lo menos 38 mil millones de pesos para atender los efectos de los terremotos, lo cual colocaría a 2017 en el rango catastrófico de 2005 o 2011, por ejemplo.

Hasta anoche, el saldo fatal del sismo del 19 de septiembre era de 337 personas fallecidas, de las cuales 198 ocurrieron en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el estado de México, seis en Guerrero y uno en Oaxaca. Lo anterior significa más del doble que los decesos por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, en 2013.

En cuanto a los daños materiales, el gobierno federal calcula que los sismos dejaron pérdidas multimillonarias en conceptos patrimoniales. Igualmente se requieren al menos 13 mil millones de pesos para reparar o construir escuelas.

Datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación indican que tan sólo en la década 2005-2015, el país debió destinar más de 412 mil millones de pesos para atender efectos de fenómenos naturales: huracanes, sismos, deslaves, incendios, inundaciones, sequías y heladas, entre otros.

No obstante, el principal embate es el paso de huracanes.

La Secretaría de Gobernación mantiene una campaña de prevención de desastres ante la escalada de pérdidas humanas y materiales.

Salvo 2006, con un costo de 4 mil 714 millones de pesos por fenómenos naturales, el resto de los periodos, de ese año a la fecha, han rebasado 14 mil millones de pesos; pero hay picos, como el mencionado 2010, así como 2007, con 50 mil millones de pesos, y 2013, con 62 mil millones de pesos de pérdidas materiales.

El gobierno federal administra un Fondo Nacional de Desastres, cuyas reglas de operación imponen obligaciones específicas para la reconstrucción y en distintas modalidades y, sobre todo, prohíben el gasto en menaje de casa de todo tipo y ponen énfasis en atender a las personas o familias clasificadas en pobreza patrimonial.

Los lineamientos hacen referencia a rehabilitación y reparación de daños menores y parciales; reconstrucción de la vivienda en el mismo sitio en caso de pérdida total, y reubicación y construcción en los casos en que las viviendas presenten daños parciales y totales y que se encuentren en zonas de riesgo.

Estas reglas indican también que se debe privilegiar la reubicación de las viviendas dañadas por un desastre natural, propiedad de familias clasificadas en pobreza patrimonial, cuando estén asentadas en zonas consideradas de riesgo.